Histórico superávit de las empresas públicas argentinas: el mejor resultado en 17 años

Las empresas públicas de Argentina registraron en enero un superávit operativo de $140.009 millones de pesos argentinos (u$s132 millones de dólares estadounidenses), marcando el mejor resultado en los últimos 17 años, según un informe de la Fundación Libertad y Progreso. Para encontrar un saldo positivo de magnitud similar, es necesario remontarse a octubre de 2008, cuando el superávit operativo, ajustado por inflación, alcanzó los $163.066 millones (u$s151 millones).

El informe, basado en estadísticas del Ministerio de Economía y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), también revela que el déficit operativo de las empresas públicas se redujo un 39,1% en 2024 con respecto a 2023, alcanzando el menor nivel en cinco años. Esta mejora se enmarca en la política de ajuste fiscal implementada por el gobierno de Javier Milei, quien asumiera la presidencia en diciembre de 2023 con la promesa de reducir el gasto público y eliminar el déficit fiscal.

La tendencia positiva se consolidó en los últimos meses de 2024, con superávits operativos en octubre y noviembre, lo que indica un cambio de tendencia tras 15 años de balances negativos consecutivos en las empresas estatales. Para encontrar un resultado positivo antes de octubre de 2024, hay que remontarse a noviembre de 2009.

Desde la Fundación Libertad y Progreso destacan que la administración Milei ha logrado reducir rápidamente el déficit de las empresas estatales, tanto en magnitud como en impacto presupuestario. Según sus proyecciones, de mantenerse esta tendencia, en 2025 podría alcanzarse un equilibrio total, lo que significaría el mejor desempeño del sector desde 2011.

El deterioro de las cuentas de las empresas públicas se profundizó a partir de 2009, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Entre ese año y 2015, las pérdidas operativas se triplicaron, pasando de $824.634 millones (u$s764 millones) a $3.044.725 millones (u$s2.822 millones) (ajustados por inflación).

Durante el gobierno de Mauricio Macri (2016-2019), el déficit se estabilizó en torno a los $3.362.000 millones (u$s3.116 millones) anuales, pero la situación se agravó bajo la presidencia de Alberto Fernández (2020-2023), cuando el déficit llegó a un récord histórico de $5.885.757 millones (u$s5.456 millones) en 2022, equivalente al 0,8% del PBI.

Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, planteó que “lo primero que nos tenemos que preguntar cuando hablamos de empresas públicas es si verdaderamente deben ser administradas por el Estado, con todos los vicios y riesgos que ello conlleva”. En su análisis, Marí argumentó que el sector privado podría gestionar estos servicios con mayor eficiencia y menor costo.

Por su parte, Lautaro Moschet, también economista de la Fundación, consideró que «es un buen indicio que las empresas públicas comiencen a mostrar mejores resultados. Sin embargo, es importante poner en perspectiva los números: el superávit financiero del Sector Público Nacional en 2024 fue del 0,3%, mientras que el resultado operativo de las empresas públicas continuó siendo deficitario en 0,4%». En este contexto, Moschet destacó que la privatización de las empresas deficitarias podría contribuir a la sostenibilidad del equilibrio fiscal y permitir una reducción de la carga impositiva.

Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación, fue más tajante en su diagnóstico y sostuvo que «cuando el Estado crea empresas públicas, se dice que son para todos los argentinos, pero en la práctica, los principales beneficiarios son los políticos, funcionarios, gremios y proveedores que se favorecen con los privilegios de esas empresas. Lo único que queda para los ciudadanos es la factura por las pérdidas». Abram enfatizó que, aunque la reducción del déficit es una buena noticia, la privatización de estas empresas sigue siendo la mejor opción para evitar que futuras administraciones vuelvan a usarlas como “cajas políticas”.

El informe de Libertad y Progreso también destaca que ocho empresas estatales fueron incluidas en la «Ley Bases» como sujetas a privatización total, parcial o concesión. Esta medida forma parte del plan de reforma estructural impulsado por el gobierno de Milei, que busca reducir la participación estatal en la economía y fortalecer el rol del sector privado.