Harvard bajo la lupa: Trump exige transparencia y protección a los estudiantes
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles nuevas medidas contra la Universidad de Harvard, argumentando que la institución podría no estar cumpliendo con los estándares de acreditación y solicitando registros relacionados con sus estudiantes internacionales.
Esta decisión se suma a una serie de acciones previas que el gobierno federal impulsó tras cancelar fondos millonarios destinados a la universidad y cuestionar su política de admisión de estudiantes extranjeros.
La administración justificó sus medidas afirmando que busca promover cambios en Harvard y otras universidades de prestigio, argumentando que algunas se habrían convertido en espacios que no garantizan la diversidad de pensamiento ni la protección adecuada a todos sus estudiantes.
El 20 de junio, Trump mencionó que existían conversaciones en curso con Harvard y expresó optimismo sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. Sin embargo, según fuentes cercanas al diálogo, las negociaciones se habrían estancado en los últimos días.
«Harvard ha sido muy malo, totalmente antisemita», declaró Trump en la Casa Blanca, aunque también reiteró su expectativa de alcanzar un entendimiento.
Por su parte, Harvard reafirmó su compromiso con la protección de sus estudiantes y la defensa de sus principios académicos. En un comunicado, la universidad sostuvo que se mantiene firme en su misión y que actuará para preservar la libertad de expresión y la diversidad dentro de su comunidad.
El Departamento de Educación y el Departamento de Salud y Servicios Humanos notificaron formalmente al acreditador de Harvard, la Comisión de Educación Superior de Nueva Inglaterra, que la universidad habría violado la legislación federal antidiscriminación al no garantizar la seguridad de estudiantes judíos e israelíes en el campus.
La investigación, iniciada por la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del HHS, concluyó que Harvard incurrió en «indiferencia deliberada» frente a incidentes de acoso y amenazas dirigidas a miembros de esa comunidad, incluyendo agresiones físicas y expresiones de odio.
En consecuencia, las autoridades federales advirtieron que la universidad podría perder acceso a recursos federales si no se implementan cambios significativos. La universidad, que recibió más de 794 millones de dólares en fondos federales entre 2023 y 2025, podría enfrentar sanciones económicas considerables.
A la par de estas medidas, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que emitiría citaciones administrativas para solicitar información sobre los estudiantes internacionales, en el marco de un análisis sobre posibles problemas de seguridad y cumplimiento.
Harvard ha argumentado que las acciones del gobierno federal afectan la autonomía universitaria y la libertad académica, en tanto que la administración Trump sostiene que busca garantizar el respeto a los derechos civiles y la seguridad nacional.
Además del tema del antisemitismo, Harvard ha sido objeto de críticas por sus vínculos con entidades y donantes vinculados al Partido Comunista Chino (PCCh). Estas asociaciones han generado preocupación por la posible influencia extranjera en la academia estadounidense.
Entre los casos más destacados se encuentra la donación de 350 millones de dólares en 2014, gestionada por el empresario hongkonés Ronnie Chan, cuyas conexiones con entidades chinas han sido objeto de escrutinio.
Asimismo, se ha señalado que Harvard mantuvo colaboración con el Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang (XPCC), una organización sancionada por el gobierno de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos en la región de Xinjiang. Según informes, hasta 2024 Harvard habría brindado formación en salud pública a funcionarios del XPCC.
El campus también ha sido escenario de incidentes recientes relacionados con la presencia de representantes chinos, incluyendo altercados en eventos donde se invitó a diplomáticos de Beijing, lo que alimentó el debate sobre la libertad de expresión y la posible presión extranjera.
La situación actual refleja tensiones más amplias entre el gobierno federal y algunas universidades respecto a cuestiones de libertad académica, seguridad nacional y protección de derechos civiles. Mientras Harvard defiende sus asociaciones como parte de su vocación global y su misión académica, las autoridades federales subrayan la importancia de garantizar entornos libres de discriminación y de asegurar la transparencia en los vínculos internacionales.
El caso sigue abierto, con audiencias programadas para las próximas semanas en distintas instancias judiciales, donde se debatirán tanto la asignación de fondos federales como la autorización para matricular estudiantes internacionales.
