Grupos LGTB presionan al gobierno de Hungría para derogar la ley pro-familia de Orbán

Según un comunicado de prensa, el movimiento Amnistía Internacional (AI) junto con las organizaciones LGTB en Hungría, recientemente han pedido al gobierno de Viktor Orban la derogación de la ley educativa de protección de los menores, aprobada en 2021, que arremete contra la ideología de género en la educación y la corrupción de los niños.

De acuerdo al informe relevado por AI, las políticas en favor de la familia implementadas por Orbán son consideradas contrarias a los Derechos Humanos, ya que interpretan que las mismas generan discriminación hacia individuos pertenecientes al colectivo LGTB y fomentan un clima de temor en la sociedad.

“Esta ley no tiene cabida en Hungría y está fomentando el aumento de la estigmatización y los estereotipos negativos de las personas LGBTI. Debe ser derogada de inmediato y deben tomarse medidas para reparar el daño que ha causado”, expresó Eszter Mihály, responsable del área LGTBI de AI en Hungría.

Por su parte, el primer ministro Orbán ha defendido que la ley brinda a los padres la capacidad de «decidir cómo educan sexualmente» a sus hijos y no discrimina a ningún colectivo. «Defiendo los derechos de los homosexuales, pero esta ley no es sobre esto: va sobre los derechos de los niños y sus padres», aseguró el mandatario a la prensa tras sancionada la ley. 

La ley fue aprobada por el Parlamento húngaro en junio de 2021 y fue anunciada como una reforma para reforzar la protección de los menores frente a los delitos de pedofilia, así como apuesta por las políticas en favor de la familia y la infancia, y de la libertad de los padres a elegir la educación sexual de sus hijos.

Concretamente, la ley profamilia prohibía llevar a cabo actividades en centros educativos que «promuevan la homosexualidad» o el cambio de género. 

En su momento, la aprobación de la ley desató mucha polémica y enojo en el Parlamento Europeo, que generalmente apoya las políticas promovidas por la Agenda 2030. 

En el Parlamento húngaro, la norma fue votada por una mayoría de dos tercios sin ningún voto en contra. El enojo en Bruselas fue tal, que la comisión llegó a congelar los fondos europeos por este tema y  el mundo entero estalló contra el primer ministro Viktor Orbán. 

Lo cierto es que Hungría estaba en su derecho a sancionar esa ley, ya que la competencia en educación es de cada Estado soberano. La Unión Europea no tiene voz ni voto en ese tipo de asuntos.

Por otro lado, en el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, dice claramente que «los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos». Por lo tanto, la ley va en favor de proteger también el derecho de los padres de decidir sobre la educación de los niños. 

En este sentido, en abril de 2022, el gobierno húngaro llamó a un referéndum para consultar la voluntad popular acerca de este tema. La boleta contaba con cuatro preguntas relacionadas a la incorporación de las políticas a favor de la ideología de género y agenda LGBT. 

Más del 90% de los que participaron de la consulta popular se manifestaron en contra de esas políticas y a favor de la ley profamilia impulsada por el gobierno.

Sin embargo, aunque el 65% de los húngaros participó en el referéndum,  sólo el 44% de los votos fueron válidos, tras la llamada de la oposición a boicotear el referéndum, por lo que no se llegó al 50% necesario de participación mínimo para que fuera vinculante.