Greenpeace debe pagar millonaria indemnización: ONG podría dejar de funcionar en EE. UU.

Un jurado en Dakota del Norte, Estados Unidos, ordenó esta semana a Greenpeace pagar una indemnización de más de 600 millones de dólares a la empresa Energy Transfer, tras un litigio relacionado con las protestas contra el oleoducto Dakota Access en 2016 y 2017. La decisión, tomada el miércoles 19 de marzo de 2025, podría tener serias implicancias para las operaciones de la organización en el país, según informaron los medios locales.

El caso se remonta a las manifestaciones ocurridas en la Reserva Sioux de Standing Rock, donde miles de personas, incluidos activistas y miembros de la tribu sioux, se opusieron a la construcción del oleoducto por considerar que amenazaba tierras sagradas y el suministro de agua.

Energy Transfer, la compañía detrás del proyecto, demandó a Greenpeace alegando que la organización desempeñó un rol clave en la coordinación de las protestas, lo que generó retrasos, mayores costos y daños a su reputación. La empresa solicitó inicialmente 300 millones de dólares, pero el jurado elevó la cifra a 660 millones tras declarar a Greenpeace culpable de difamación y otros cargos.

El proceso judicial, que comenzó hace ocho años, tuvo un giro decisivo en el tribunal estatal de Dakota del Norte, un estado con fuerte presencia de la industria petrolera. Energy Transfer argumentó que las acciones de Greenpeace no solo afectaron el desarrollo del oleoducto, sino que también promovieron una narrativa que dañó su imagen corporativa. Por su parte, la organización ha calificado la demanda como un intento de silenciar el activismo, señalando que el fallo podría sentar un precedente para limitar las protestas pacíficas en el futuro.

La indemnización impuesta supera ampliamente el presupuesto anual de Greenpeace en Estados Unidos, que se estima en unas 20 veces menos que la cantidad ordenada. Esto ha llevado a especulaciones sobre el impacto financiero que enfrentará la organización, incluyendo la posibilidad de que tenga que cesar sus actividades en el país si no logra cubrir la suma. Greenpeace ha anunciado que apelará la decisión ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte, argumentando que los hechos respaldan su posición.

El oleoducto Dakota Access, aprobado en 2017 durante la administración de Donald Trump tras ser paralizado por Barack Obama, ha sido un proyecto polémico desde su inicio. Energy Transfer, liderada por Kelcy Warren, un conocido empresario del sector energético, defendió la necesidad de proteger sus intereses frente a lo que describió como interrupciones injustificadas. Mientras tanto, las protestas de Standing Rock, que incluyeron enfrentamientos con autoridades y actos aislados de vandalismo, dejaron una marca en el debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y derechos ambientales e indígenas.

El fallo ha generado reacciones diversas. Algunos ven en la decisión una medida para responsabilizar a organizaciones por las consecuencias de sus acciones, mientras que otros advierten sobre sus posibles efectos en la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Por ahora, el futuro de Greenpeace en Estados Unidos dependerá del resultado de su apelación y de su capacidad para manejar las consecuencias económicas de este veredicto histórico.