Gobierno de Milei elimina la paridad de género obligatoria en empresas y asociaciones civiles

Fiel al pensamiento libertario, el gobierno argentino encabezado por Javier Milei decidió este jueves derogar cuatro resoluciones emitidas durante la gestión del expresidente Alberto Fernández que establecían la obligatoriedad de la paridad de género en empresas y asociaciones civiles. 

La medida se oficializó a través de la Resolución General 13/2024 de la Inspección General de Justicia, dirigida por Daniel Roque Vítolo, y fue publicada recientemente en el Boletín Oficial. La nueva normativa anula las resoluciones 34/2020, 35/2020, 42/2020 y 12/2021.

Vítolo compartió esta decisión en sus redes sociales, destacando que las resoluciones derogadas imponían la obligación de contar con igual número de hombres y mujeres en los órganos de administración y fiscalización de personas jurídicas privadas. La publicación fue también compartida por el presidente Javier Milei, respaldando la acción de su gabinete.

El Inspector General de Justicia escribió en X: “No es facultad del Poder Ejecutivo decirle a los particulares cómo deben constituir los órganos de las personas jurídicas que constituyen, cuando tienen la libertad que para ello les asigna la Constitución nacional”

Y agregó: “Igualdad de oportunidades y de acceso no es sinónimo de que el estado le diga a las personas quiénes deben dirigirlas en su actividad privada”.

Además Vítolo resaltó que esta obligación ya había sido invalidada previamente por la Justicia en el fuero Comercial y en el Contencioso Administrativo Federal. Según detalló en su hilo de posteos, los jueces señalaron que la Inspección General de Justicia había excedido sus facultades al imponer estas normativas durante la gestión anterior, invadiendo las competencias del Congreso.

El abogado también recordó que la Inspección General de Justicia había presentado recursos extraordinarios ante la Corte Suprema para defender su postura, pero dichos recursos fueron denegados, confirmando la nulidad de las resoluciones. En este sentido, destacó que la decisión del actual gobierno de respetar los fallos judiciales demuestra “un claro respeto por la institucionalidad» del país.

En este sentido, la nueva resolución argumenta que las normativas derogadas excedían la competencia del órgano administrativo para imponer normas imperativas en esta materia.

Además, señala que el establecimiento de un cupo automático obligatorio no solo restringe las libertades de las empresas privadas, sino también de los aspirantes a los puestos de trabajo.

«Ese cupo automático no solo importó imponer una obligación a quienes antes no la tenían, sino también descartar a otros postulantes por el solo hecho de no pertenecer al grupo tutelado, postergando —en su caso— a otros colectivos que pudieran encontrarse en similar grado de vulnerabilidad«, detalla la normativa.