Gobierno de Milei avanza con un proyecto de “libertad educativa” y plantea la derogación de la Ley de Educación Nacional
El Gobierno argentino presentó ante el Consejo de Mayo el borrador de una Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que propone derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006. El proyecto abarca toda la educación básica —niveles inicial, primario y secundario— y mantiene sin cambios la Ley de Educación Superior, que regula el sistema universitario, de acuerdo a Infobae.
Home schooling, educación híbrida y nuevos formatos
Entre los puntos más novedosos, el borrador habilita el home schooling como una modalidad legítima dentro de las “formas alternativas de enseñanza”, junto con la educación híbrida y a distancia. No establece edades mínimas y prevé que los estudiantes que aprendan en el hogar acrediten sus saberes mediante exámenes periódicos.
También autoriza a las provincias a ofrecer educación religiosa confesional en escuelas públicas, siempre de manera optativa y fuera del horario de clases. Y habilita a las instituciones a diseñar planes de estudio propios, coexistiendo con los planes comunes elaborados por los ministerios. También incorpora la obligatoriedad de la enseñanza sobre la causa Malvinas.
El proyecto declara esencial la educación básica, lo que obliga a garantizar un nivel mínimo de continuidad escolar aun ante medidas de fuerza.
Un enfoque centrado en la libertad educativa y el rol de la familia
La propuesta retoma y amplía ideas que el Gobierno ya había impulsado en el capítulo educativo del primer proyecto de Ley Bases, redactado en 2023 por Federico Sturzenegger. Según fuentes oficiales, el texto actual fue trabajado por la Secretaría de Educación, encabezada por Carlos Torrendell, y el Ministerio de Desregulación.
Con 136 artículos, el nuevo borrador reconfigura el sistema educativo desde una lógica que enfatiza la libertad educativa, el protagonismo de la familia como “agente natural y primario” y un Estado con rol subsidiario. El término “libertad” aparece 27 veces, superando al “Estado”, mencionado en 22 oportunidades.
El primer capítulo define al sistema educativo como un entramado de iniciativas “promovidas por la sociedad y el Estado”, y enumera principios como la libertad de enseñar y aprender según las propias convicciones, la centralidad de la familia y la subsidiariedad estatal.
Libertad curricular y planes de estudio propios
Aunque deja de calificar la educación como “bien público”, el proyecto mantiene la gratuidad de toda la educación obligatoria desde sala de cuatro hasta el final de la secundaria. También preserva la existencia de contenidos mínimos comunes, equivalentes a los actuales NAP.
Sin embargo, la “libertad de contenidos” se convierte en un eje central. Cada escuela podrá elaborar su propio plan de estudios conforme a su identidad institucional, siempre dentro del marco de los contenidos mínimos. Se crea un Registro Nacional de Planes de Estudio y la Nación continuará otorgando validez nacional.
Calendario escolar y carga horaria
El texto propone un esquema basado en horas y no en días de clase:
- 540 horas anuales en nivel inicial (equivalente a 180 días de 3 horas).
- 720 horas para primaria y secundaria (180 días de 4 horas).
Estos mínimos son inferiores a los acordados en 2024 por el Consejo Federal de Educación (760 y 900 horas). Cada escuela podrá definir su propio calendario, y un 25% del tiempo anual quedará reservado para la autonomía curricular.
Autonomía institucional de las escuelas
Uno de los artículos centrales es el 37, que establece un fuerte esquema de autonomía institucional y pedagógica. Las escuelas podrán:
- Definir su régimen interno.
- Diseñar sus planes de estudio.
- Administrar recursos.
- Decidir criterios de admisión, permanencia y disciplina.
Para las instituciones estatales, el proyecto prevé una transición gradual hacia este modelo de gestión autónoma.
Alumnos con necesidades específicas y modalidades
La educación especial no aparece como categoría independiente; en su lugar se habla de “alumnos con necesidades específicas”, donde se incluyen estudiantes con discapacidad, junto con modalidades como rural, intercultural bilingüe, hospitalaria, domiciliaria y en contexto de encierro. También se incorpora la referencia a alumnos con altas capacidades.
Evaluaciones: pruebas anuales y datos por escuela
El proyecto mantiene las evaluaciones nacionales (pruebas Aprender) e incluso amplía su alcance. Serán anuales y censales en los últimos años de primaria y secundaria. Además, el Estado podrá publicar resultados por escuela, algo prohibido actualmente para evitar estigmatizaciones, aunque sin identificar a alumnos o docentes.
Financiamiento: fin de la meta del 6% del PBI
La iniciativa elimina la meta legal de destinar el 6% del PBI a educación. Afirma una responsabilidad compartida entre Nación y provincias, pero reafirma el rol subsidiario del Estado. Las escuelas estatales y privadas tendrán igualdad en el acceso a financiamiento.
Se prevén recursos destinados a instituciones, pero también a familias y estudiantes a través de becas, vales educativos o créditos fiscales. Se crean mecanismos de transparencia y un sistema federal para monitorear la inversión educativa.
Gobierno escolar y carrera docente
El proyecto establece la creación del consejo escolar de padres y asigna a los directivos un rol ampliado: liderazgo pedagógico, coordinación docente y facultades para proponer contrataciones o sanciones, siempre sujetas a la ratificación provincial.
En materia docente, la formación inicial seguirá durando cuatro años. Se crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente y se introduce una evaluación obligatoria cada cuatro años, que considerará desempeño, resultados de aprendizaje y formación continua. La estabilidad laboral quedará vinculada a un rendimiento satisfactorio.
