Gobierno argentino elimina programas de género y busca reasignar recursos a salud, educación e infraestructura
En un giro significativo hacia una gestión más eficiente del gasto público, el Ministerio de Justicia de Argentina anunció este 16 de julio la eliminación definitiva del Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan Temáticas de Género y Diversidad y del programa «Acercar Derechos». La medida, en línea con la disolución previa del Ministerio de la Mujer, responde —según el gobierno— a la necesidad de racionalizar estructuras que no habrían generado mejoras tangibles para la población.
“Eliminamos dos estructuras que no produjeron ninguna mejora real para la población”, señaló el Ministerio a través de un comunicado publicado en la red social X. El texto también destacó que durante la administración anterior se destinaron millones de dólares a programas de enfoque ideológico, en un contexto en el que los delitos violentos seguían en aumento.
El anuncio fue acompañado por datos oficiales que muestran una reducción del 14,3 % en los homicidios de mujeres y un 12,8 % menos en delitos sexuales desde la implementación de estas reformas. Estos números, según el gobierno, demuestran que reorientar políticas públicas hacia medidas más concretas y eficaces ha contribuido a mejorar la seguridad ciudadana.
La eliminación de estas estructuras no solo busca optimizar el uso de los recursos públicos, sino también liberar fondos que —según voceros del Ejecutivo— podrían redirigirse hacia áreas críticas como salud, educación o infraestructura, fortaleciendo así el bienestar general y reactivando economías locales.
La decisión —que apela al sentido común— ha sido celebrada por la mayoría de los argentinos y por sectores que consideran que la política social debe centrarse en resultados concretos, más allá de agendas ideológicas. Diversos analistas económicos destacan que esta reestructuración podría aliviar las finanzas públicas y dar un impulso a industrias afectadas por años de rigidez fiscal. Incluso, algunas corrientes libertarias en América Latina y otras regiones han mostrado interés en el modelo argentino como posible caso de estudio.
No obstante, la medida también ha generado cuestionamientos. Organismos internacionales y defensores de derechos humanos advierten que la eliminación de estos programas podría dejar desprotegidas a víctimas de violencia de género, especialmente en zonas vulnerables. Aunque el gobierno asegura que otras dependencias cubrirán esas funciones, la preocupación por garantizar un abordaje integral y eficaz persiste.
En ese contexto, la política adoptada por Argentina marca una apuesta por la eficiencia, la rendición de cuentas y la priorización del gasto en áreas con impacto directo en la vida de los ciudadanos. El éxito de esta estrategia dependerá en gran parte de su implementación concreta y del seguimiento institucional para no desatender a sectores sensibles.
