Gobierno argentino denuncia una operación de inteligencia extranjera para interferir en las elecciones legislativas
La Justicia Federal dispuso este martes el cese inmediato de la difusión de los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, grabados de manera clandestina en la Casa Rosada. La resolución establece que la difusión de dicho material constituye una “violación grave a la privacidad institucional” y no puede ser considerado un caso amparado por la libertad de expresión.
La decisión se conoció luego de la denuncia presentada por el Gobierno Nacional, que acusó la existencia de una operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral. Según la presentación oficial, la maniobra consistió en la captación ilegal de audios privados de Karina Milei y otros funcionarios, con la intención de manipularlos y difundirlos en forma escalonada en vísperas de las elecciones legislativas.
El comunicado de la Vocería Presidencial subrayó que no se trató de una filtración casual, sino de “un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina: el proceso electoral”. Además, se advirtió que esta campaña se enmarca en patrones similares a operaciones atribuidas a intereses extranjeros vinculados a Rusia y al chavismo.
Entre los señalados por el oficialismo como responsables figuran los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, el dirigente de la AFA y empresario de medios Pablo Toviggino, y el abogado Franco Bindi, operador judicial cercano a Fernando Pocino.
En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó a la Justicia allanar los domicilios de Rial y Federico por la difusión de los audios ilegales, al considerarlos posibles responsables de las grabaciones clandestinas.
Desde el Gobierno remarcaron que la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe taxativamente el espionaje político y la manipulación de la opinión pública mediante actividades clandestinas. Por ello, reclamaron medidas urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y garantizar la transparencia electoral.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en su cuenta de X la resolución judicial y sostuvo: “La Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión. Fin”.
