Gobierno argentino defiende su compromiso con la educación universitaria y rechaza acusaciones de desfinanciamiento

En respuesta a las manifestaciones y paros que se están llevando a cabo hoy en reclamo de mayor presupuesto para las universidades públicas, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que reafirma su apoyo a la educación superior y desmiente las acusaciones de desfinanciamiento. El Gobierno sostiene que ha cumplido plenamente con las partidas presupuestarias destinadas a las universidades y que las protestas responden a motivos políticos, no a una verdadera necesidad económica.

El ministerio aseguró que desde su cartera se han transferido más de 192 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 270% en los gastos de funcionamiento de las universidades, junto con asignaciones adicionales para hospitales universitarios y mejoras salariales por encima de las pautas establecidas para el Estado nacional. En este contexto, la cartera subrayó que la propuesta de aumento salarial presentada a los gremios alinea las remuneraciones del sector con el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

“El compromiso del Gobierno con la universidad pública se ha mantenido firme; simplemente se exigió claridad en la gestión de los recursos transferidos”, señaló el comunicado. El ministerio calificó las recientes marchas como “una decisión política” y enfatizó que no reflejan una situación real de desfinanciamiento, ya que las transferencias se realizaron en tiempo récord para priorizar el buen funcionamiento del sistema educativo.

Un conflicto de intereses políticos

El ministerio también aclaró que la marcha de hoy fue motivada por el rechazo de las universidades públicas a un aumento salarial adicional del 6,8% para el mes de octubre, que habría implicado un desembolso de 17 mil millones de pesos mensuales y un total acumulado de 56 mil millones hasta fin de año. “Se trata de una postura que va más allá de lo salarial; es un posicionamiento político promovido por los gremios universitarios”, señalaron desde el Gobierno.

El rechazo del aumento, según el informe, no se justifica si se considera que el financiamiento adicional fue otorgado y que las universidades han recibido incrementos significativos en sus presupuestos. En este sentido, el Gobierno argumenta que el problema radica en la administración ineficiente de los recursos y en la falta de transparencia en su utilización.

Transparencia y auditorías pendientes

Una de las principales preocupaciones del ministerio es la falta de rendición de cuentas por parte de las universidades, especialmente la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según el informe, el 89% de los fondos transferidos a las universidades entre 2015 y 2022 no han sido auditados adecuadamente. Además, la Auditoría General de la Nación (AGN) solo ha aprobado tres informes de auditoría en los últimos años, de los cuales solo uno está vinculado a la UBA.

“Es fundamental que se permita auditar el uso de los fondos públicos, especialmente cuando hay un incremento significativo de recursos destinados a las universidades”, subrayaron las autoridades. En este sentido, el Gobierno insiste en que la afirmación de que las universidades, y en particular la UBA, están sujetas a un mayor escrutinio que otras entidades estatales es incorrecta.

Un sistema que enfrenta desafíos estructurales

El informe también reveló que solo el 40,6% de los estudiantes universitarios son considerados regulares, mientras que un 38,4% de la población estudiantil no tiene información clara sobre su actividad académica, lo que representa un desafío para el sistema educativo en términos de eficiencia y calidad. Además, se destacó que el 21,8% de los estudiantes de medicina provienen de otros países, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público.

Otro punto abordado fue la equidad en el acceso a la educación. Según el informe, el 61,2% de los estudiantes de la UBA provienen de familias con educación superior completa, lo que evidencia una tendencia de las universidades públicas a concentrar a sectores privilegiados, en lugar de servir como herramienta de inclusión social.

Transferencias eficientes y en tiempo récord

En términos de administración, el ministerio señaló que las transferencias de fondos a las universidades se realizan ahora en un promedio de 4,6 días, a diferencia de los 68,4 días que solían tomar durante las administraciones anteriores. Esto, según el Gobierno, garantiza un funcionamiento más fluido del sistema educativo y desmiente las acusaciones de desfinanciamiento.

El Ministerio de Capital Humano reiteró su disposición a seguir trabajando con los gremios y las autoridades universitarias para mejorar la calidad educativa y garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva. No obstante, instó a los actores involucrados a actuar con responsabilidad y a no politizar la educación de miles de estudiantes.