Gobierno argentino anuncia aumento en las prestaciones por discapacidad
El presidente Javier Milei volvió a ser protagonista de la agenda política tras un miércoles intenso en el Congreso. Mientras la oposición avanzaba en Diputados con la anulación de su veto a la llamada Ley de Emergencia en Discapacidad, desde la Casa Rosada se comunicaba una medida alternativa: un incremento significativo en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, financiado con ahorro genuino y el fin de privilegios históricos.
El anuncio lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, apenas media hora antes del inicio de la sesión parlamentaria. “El Gobierno nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. La decisión es priorizar la atención, fortalecer las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, explicó. Y subrayó que la iniciativa será posible gracias a las auditorías sobre pensiones mal otorgadas, que permitieron eliminar “curros de muchos años”.
Milei había vetado el proyecto kirchnerista al considerar que su impacto fiscal resultaba explosivo: más de 6 billones de pesos anuales (unos 5.000 millones de dólares), cifra que implicaría destruir el superávit fiscal, poner en riesgo las cuentas del Estado y abrir la puerta a una nueva crisis económica.
Uno de los puntos más controvertidos de la ley es la creación de una “Pensión Universal por Discapacidad”, que incorporaría de manera automática a 1,6 millones de nuevos beneficiarios. Sin mecanismos de control adecuados, la norma habilitaría superposiciones y abusos, ya que al menos 500.000 personas podrían cobrar una doble pensión, distorsionando la equidad del sistema.
El proyecto también planteaba otorgar pensiones no contributivas a cualquier persona con un Certificado Único de Discapacidad (CUD), sin diferenciar entre casos leves y severos. Este esquema ya había sido utilizado durante los gobiernos kirchneristas, generando un festival de certificados distribuidos sin control y fraudes millonarios contra el erario público.
En contraste, la gestión libertaria impulsa un fortalecimiento del sistema con criterios de eficiencia y justicia distributiva. “Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual. De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con curros de muchos años”, sostuvo Adorni en su mensaje.
De esta manera, el Gobierno busca consolidar una política social más transparente y sostenible, que brinde verdadero apoyo a las personas con discapacidad sin poner en riesgo la estabilidad económica del país.
