Gobernadora demócrata de Arizona vetó un proyecto de ley que combatía la sustracción forzada de órganos en China

En abril de este año, la gobernadora demócrata del estado de Arizona Katie Hobbs, vetó un proyecto de ley que buscaba luchar contra la sustracción forzada de órganos proveniente de distintos países, entre ellos China, país cuestionado por realizar estas prácticas a gran escala, especialmente a prisioneros de conciencia.

Este fue uno de los tantos vetos realizados por la funcionaria en el último tiempo, a quien señalan de negarse a trabajar en conjunto con los republicanos. 

La explicación brindada desde el gobierno de Hobbs es que el veto fue debido a preocupaciones sobre requisitos “demasiado amplios” que podrían plantear desafíos de cumplimiento para hospitales e investigadores. 

El comité hizo enmiendas técnicas al proyecto de ley, pero finalmente se confirmó el veto, dejando sin promulgar las restricciones y requisitos propuestos.

Michael Lucci, de State Armor Action, una organización que encabeza el impulso legislativo estado por estado para frenar el comercio de sustracción de órganos en China, dijo que ni Hobbs ni su personal se comunicaron con él ni con otros proponentes para expresar sus preocupaciones mientras la medida estaba haciendo su camino a través de la legislatura de Arizona, informó RealClearPolitics.

“El veto de Hobbs a la HB2504 es vergonzoso”, dijo Lucci a RCP. “La gobernadora Hobbs habla de defender los derechos médicos y la privacidad médica de las mujeres. Sin embargo, su veto… socava toda esa retórica”.

“El gobierno de China seguirá recogiendo ADN de los habitantes de Arizona, y Arizona ha incumplido el deber básico de un estado de oponerse a la práctica asesina de la sustracción forzada de órganos”, añadió.

“Debemos dejar claro que cuando los estadounidenses interactúan con el gobierno comunista de China, lo que parece demasiado bueno para ser verdad, no es demasiado bueno para ser verdad”, continuó Lucchi. “Los bajos costos de China se basan en el trabajo esclavo y los trasplantes de órganos provienen de prisioneros políticos”.

El proyecto de Ley de Sustracción Final de Órganos de Arizona (HB2504) busca restringir la cobertura de seguro para secuenciación genética y trasplantes de órganos humanos que involucran tecnología u órganos de países designados como adversarios extranjeros, incluidos China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Siria y la Región Administrativa Especial de Hong Kong. 

La propuesta también prohíbe a las instituciones de atención médica utilizar secuenciadores genéticos o software de estos países y exige la eliminación de dicha tecnología. 

Además establece sanciones por violaciones, exige el almacenamiento de datos genéticos en Estados Unidos y brinda protección a los denunciantes y el derecho de las personas a recuperar daños y perjuicios si sus datos genéticos se procesan utilizando tecnología prohibida.

Durante el último año, Texas, Utah e Idaho han promulgado leyes similares, y las legislaturas de Missouri, Ohio y Carolina del Norte están debatiendo medidas similares.

Desde hace años, el Partido Comunista Chino (PCCh) ha sido criticado por su participación en prácticas de sustracción forzada de órganos. La evidencia y los testimonios han revelado que el PCCh ataca sistemáticamente a grupos marginados, como los practicantes de Falun Dafa, los musulmanes uigures, los tibetanos y otras minorías religiosas y étnicas, deteniéndolos en campos de trabajo forzado donde son sometidos a pruebas médicas invasivas en contra de su voluntad.

Sorprendentemente, el PCCh también ha sido acusado de publicitar la venta de órganos humanos vivos enumerando corazones, hígados y riñones disponibles como si fueran artículos de una lista de compras. 

Esta historia, casi demasiado horrorosa para creer, fue revelada por primera vez en marzo de 2006, cuando una mujer denunció que alrededor de 4000 practicantes de Falun Gong habían sido asesinados por sus órganos en el hospital donde trabajaba. Su esposo, cirujano en el mismo hospital en las afueras de la ciudad de Shenyang, le confesó que había extraído córneas de unos 2000 practicantes de Falun Gong aún vivos.

Poco después, un médico militar chino confirmó estas atrocidades, indicando que se llevaban a cabo en 36 campos de concentración en todo el país. Estos campos, según él, retenían hasta 120 mil personas, y él mismo había sido testigo del transporte masivo de practicantes de Falun Gong en trenes de carga durante la noche y bajo fuerte seguridad.

Conmovidos por estos informes, dos destacados abogados de derechos humanos canadienses, David Kilgour y David Matas, realizaron su propia investigación y publicaron un informe en julio de 2006 confirmando las denuncias. Concluyeron que un gran número de órganos trasplantados en China no podían haber sido obtenidos de donantes voluntarios o prisioneros ejecutados.

China ha negado vehementemente estas conclusiones, pero en 2020, el Tribunal de China, una comisión no gubernamental del Reino Unido, concluyó lo contrario. El Tribunal  concluyó que la industria china del tráfico de órganos está sustrayendo órganos de prisioneros ejecutados a escala industrial, acciones que constituyen crímenes contra la humanidad.

Algunos extractos de la sentencia del Tribunal rezan: 

“La sustracción forzada de órganos se ha cometido durante años en toda China a una escala significativa y… los practicantes de Falun Gong han sido una, y probablemente la principal, fuente de suministro de órganos”. 

“Con respecto a los uigures, el Tribunal tenía evidencia de pruebas médicas a una escala que podría permitirles, entre otros usos, convertirse en un ‘banco de órganos’”.

“La Comisión de Crímenes contra la Humanidad contra Falun Gong y los uigures ha sido probada más allá de toda duda razonable…”

“Los gobiernos y cualquiera que interactúe de manera sustancial con la RPC [República Popular China]… ahora deben reconocer que, en la medida revelada anteriormente, están interactuando con un estado criminal”.

Esta espantosa mercantilización de vidas humanas con fines de lucro subraya la urgente necesidad de una condena internacional y de medidas legislativas para detener estas atrocidades.