El inspector general de EE. UU. dice que subestimó el fraude de los estímulos de COVID en 29.600 millones de dólares

Un nuevo memorando publicado por la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Trabajo de EE.UU. afirma que, sobre la base de los nuevos datos recibidos, una estimación anterior de 16.000 millones de dólares en solicitudes de seguro de desempleo potencialmente fraudulentas por la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) era una alarmante cantidad de 29.600 millones de dólares.

Emitido el 21 de septiembre, el Memorándum, que se lee como una exposición sobre la burocracia federal y estatal, establece que la OIG alertó a la Administración de Capacitación y Empleo (ETA) en febrero y junio sobre la cifra, que en ese momento era de $16 mil millones.

Después de meses de espera y finalmente de recibir datos actualizados de varias agencias, la cifra se rebajó a unos dolorosos 45.600 millones de dólares.

La OIG señaló que el fraude detectado se concentró principalmente en cuatro áreas que posiblemente deberían haber sido fáciles de evitar cuando se implementaron los programas: 

• Reclamaciones presentadas en varios estados
• Reclamaciones presentadas por presos
• Reclamaciones presentadas por personas fallecidas
• Reclamaciones presentadas por cuentas de correo electrónico sospechosas

El memorando establece que el fraude ocurrió durante un período de 25 meses que abarcó desde marzo de 2020 hasta abril de 2022, durante el cual se desembolsó la asombrosa cantidad de $872.5 mil millones en fondos de UI específicos para la pandemia en todo el país.

La OIG criticó a ETA y afirmó que, a pesar de las recomendaciones emitidas por su departamento además del intercambio de datos, «A la fecha de este memorando de alerta, ETA no ha tomado medidas suficientes para implementar estas recomendaciones».

El Inspector General también lamentó que “seguimos experimentando retrasos en la obtención de los datos de UI necesarios”, lo que, según afirmaron, impide “nuestra capacidad para cumplir con nuestro deber legal de realizar auditorías e investigaciones del programa de UI de manera efectiva y oportuna”.

La OIG también lamentó que la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) se negara a compartir los datos federales de prisioneros necesarios en su auditoría de reclamos de UI por COVID, debido a lo que la BOP describió como “la carga creada en los recursos y la plataforma tecnológica de la BOP, que la BOP priorizó para Requisitos operativos de la BdP”.

Además, el organismo de control afirma que también se habían bloqueado las solicitudes de información de varias agencias estatales de mano de obra, lo que resultó en la presentación de tres citaciones desde junio de 2020 hasta agosto de 2021 contra hasta 54 oficinas burocráticas diferentes.

Sin embargo, el fraude potencial por parte de los presos federales y los fallecidos ascendió a un monto comparativamente escaso de $406,865,149 en dinero de estímulo COVID-19 desviado combinado, mostró una tabla de Memorándum.

La fuente más grande de hurto fue, con mucho, los reclamantes de varios estados, que recolectaron casi $ 29 mil millones nuevos, seguidos de correos electrónicos sospechosos, que se usaron para depositar un poco más de $ 16 mil millones en los bolsillos de los estafadores.

Sobre el tema de las cuentas de correo electrónico sospechosas, la OIG explicó: «Descubrimos que se pagaron beneficios de UI potencialmente fraudulentos a personas que usaban números de Seguro Social para presentar reclamos con cuentas de correo electrónico sospechosas». 

La Oficina agregó: “Estos tipos de cuentas en particular permiten a los usuarios establecer direcciones de correo electrónico que pueden ocultar información personal, incluida la identidad del usuario. Las direcciones de correo electrónico sospechosas también se pueden usar para solicitar múltiples reclamos de UI”.

“Los proveedores de servicios de correo electrónico que proporcionaron cuentas que ofrecían anonimato se utilizaron ampliamente para presentar reclamos de UI. En total, determinamos que se usaron 1,714,188 números de Seguro Social asociados con direcciones de correo electrónico sospechosas para solicitar $16.2 mil millones en beneficios de UI”, continuó el Memorándum.

Sin embargo, no todos estos casos de fraude han quedado impunes.

Hace solo unos días, el 14 de septiembre, el Departamento de Justicia de los EE. UU. anunció que había acusado a una pareja de Atlanta de transferirse $1.5 millones en beneficios de UI relacionados con la pandemia al explotar a las víctimas del robo de identidad.

El comunicado de prensa explicó que la pareja creó cuentas ficticias de empleadores con el Departamento de Trabajo de Georgia utilizando identidades robadas “que no tenían conocimiento del esquema y no dieron su consentimiento para el uso de su información”.

La pareja también usó algunos de los dopplegangers para ejecutar el mismo esquema en California.

“El Departamento de Trabajo de Georgia aprobó y pagó los reclamos de UI mediante la emisión de tarjetas de débito enviadas por correo a varias direcciones en el área metropolitana de Atlanta”, declaró el Departamento de Justicia, y agregó que la pareja “retiró las ganancias obtenidas de manera fraudulenta a través de transacciones en tiendas minoristas, restaurantes y retiros de efectivo en cajeros automáticos”.

En unos pocos meses, los estafadores se cansaron del trabajo involucrado en el secuestro de dinero nacional, por lo que el esquema simplemente se convirtió en depositar grandes sumas de UI en una cuenta bancaria para una corporación ficticia, de la cual comenzaron a retirarse colocándose en la nómina.

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En un caso secundario, el Departamento de Justicia anunció el 25 de agosto que había acusado a un exempleado del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, junto con un cómplice interno, de un esquema de fraude similar después de que la pareja «abusara del acceso a sus sistemas informáticos estatales para crear y aprobar solicitudes falsas de seguro de desempleo”.

La dupla había “reclutado a familiares, amigos y amigos de amigos para que presentaran solicitudes de beneficios falsos por teléfono”, mientras entrenaba a su gente sobre cómo mentir en un cuestionario de elegibilidad.

Solo uno de los individuos acusados desvió casi un millón de dólares de las arcas de los contribuyentes.

En un tercer caso, anunciado por el DOJ el 14 de septiembre, una mujer californiana de 32 años fue acusada tras cosechar medio millón de dólares en ayudas de la UI para beneficiarse a sí misma «utilizando los nombres de reclusos encerrados en el sistema penitenciario del estado de California».