Fiscalía de Bolivia solicita detención preventiva de Evo Morales por trata de personas
La Fiscalía Departamental de Tarija, encabezada por la fiscal Sandra Gutiérrez, ha solicitado la detención preventiva del expresidente Evo Morales en el marco de una investigación por trata de personas agravada en Bolivia. Esta solicitud, presentada el 16 de diciembre, propone una detención preventiva de seis meses en una cárcel pública.
La investigación se centra en presuntos hechos ocurridos en 2016, cuando Morales habría mantenido una relación con una menor de 15 años, lo que podría constituir delitos de estupro y trata de personas según la legislación boliviana. La denuncia fue presentada en 2023, reactivando el caso y llevando a la emisión de órdenes de aprehensión.
Gutiérrez describió que se presentó “una imputación formal contra el señor Evo Morales Aima y la señora Idelsa Pozo Saavedra (madre de la presunta víctima) por el delito de trata de personas agravado”.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha respaldado la solicitud de detención preventiva, afirmando que la Fiscalía actúa con total apego a la normativa y de manera imparcial, respetando siempre el debido proceso.
En una declaración a los medios en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano judicial, Mariaca ratificó que la acusación formal es contra dos personas, entre ellas Morales, “por el delito de trata de personas agravado”.
“Se está solicitando la medida excepcional de detención preventiva por seis meses en una cárcel pública”, detalló.
También manifestó que el cumplimiento de un mandamiento de aprehensión “es trabajo de la Policía” y que esa institución deberá explicar “en qué momento ejecutarán o por qué no se hubiera ejecutado” la orden de captura emitida contra el exmandatario.
La audiencia de medidas cautelares, en la que se evaluará la solicitud de detención preventiva, está pendiente de programación por parte de la autoridad judicial competente. Se espera que el juez cautelar fije la fecha en los próximos días.
El expresidente Morales ha negado las acusaciones, calificándolas de persecución política destinada a impedir su participación en las elecciones presidenciales de 2025. Actualmente, Morales se encuentra en el Chapare, una región cocalera donde cuenta con un fuerte apoyo de sus seguidores.
Simpatizantes de Morales han manifestado su rechazo a las acciones judiciales en su contra, advirtiendo sobre posibles movilizaciones y bloqueos de caminos si se concreta su detención. En ocasiones anteriores, estas manifestaciones han derivado en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
El Gobierno, encabezado por el presidente Luis Arce, ha asegurado que no existe injerencia política en el proceso judicial y que la justicia actúa de manera independiente. Sin embargo, las tensiones internas en el Movimiento al Socialismo (MAS) se han intensificado, evidenciando una fractura entre los seguidores de Morales y el actual mandatario.
Analistas políticos advierten que este caso podría tener repercusiones significativas en el panorama electoral de 2025, afectando la cohesión del MAS y su posicionamiento frente a la oposición. La posibilidad de que Morales enfrente un proceso judicial desde prisión añade incertidumbre al escenario político boliviano.