Fiscal de Guatemala denuncia interferencia de la administración Biden en investigación de tráfico infantil

En una explosiva entrevista, el Secretario General del Ministerio Público de Guatemala, Ángel Pineda, ha acusado a la administración Biden de intentar obstruir las investigaciones sobre el tráfico de menores desde Centroamérica hacia Estados Unidos.

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En diálogo reciente con el activista y cineasta Robby Starbuck, Pineda afirmó que la Fiscalía General de Guatemala está investigando un preocupante patrón de desaparición de niños guatemaltecos que son víctimas de abusos cuando viajan sin compañía de sus padres hacia la frontera estadounidense.

«Hay un número negro de 85.000 menores de los que se desconoce su paradero tras llegar a Estados Unidos», aseguró.

Pineda afirmó que las autoridades han recibido una denuncia «de que hay una red compleja que involucra a ONGs operando dentro de Guatemala que colaboran con entidades específicas en el estado de Texas implicadas en el abuso de niños guatemaltecos cuando están lejos de sus padres y no tienen a nadie que los proteja».

El alto funcionario señaló que el Ministerio Público «no escatimará esfuerzos para localizar y procesar penalmente a los responsables de esta enorme tragedia». Sin embargo, dice que hay fuertes señales de que la administración Biden está tomando represalias e intentando interferir en la investigación.

Pineda reveló que alguien relacionado con la embajada de EE.UU. le advirtió que no participara en la entrevista que Starbuck publicó el 13 de mayo, diciendo que estaba «jugando con fuego».

Afirmó que cuando han tomado decisiones que desagradan a Estados Unidos, como despedir a funcionarios corruptos, ese país ha dejado de cooperar con el Ministerio Público.

Denunció que Estados Unidos ha incluido en «listas de corrupción» a la Fiscal General y a él mismo, sin pruebas, tachándolos de corruptos y antidemocráticos cuando no acceden a sus pedidos.

A pesar de buscar cooperación con Estados Unidos, el funcionario afirmó que la administración Biden ha dejado de comunicarse con el Ministerio Público a nivel político desde 2018, cuando rechazaron abordar temas de identidad de género en las capacitaciones para atender a menores abusados.

«Porque después de eso, esa agencia de cooperación no trabajó más con nosotros desde 2018», afirmó.

Según Pineda, Estados Unidos ha estado interfiriendo en los esfuerzos para detener las actividades de los cárteles y presionando para impulsar la «ideología de género» en Guatemala, incluso forzando la creación de «unidades de género» en las oficinas gubernamentales.

El Secretario General reveló que la cooperación de Estados Unidos conlleva la imposición de una agenda ideológica contraria a los valores familiares y la cultura guatemalteca.

«Ponen estos temas en todas las cooperaciones. Hemos visto en las noticias que el presidente de la rama ejecutiva ha emitido un decreto instruyendo a todas sus unidades a crear la unidad de género en cada oficina», señaló.

«Están tratando de que los psicólogos y trabajadores sociales tomen estos temas en sus capacitaciones, como ‘niños rosas, niñas azul’, intercambiando los colores asociados a cada género».

Pineda aseguró que durante los últimos tres años han aumentado los casos de menores no acompañados que migran desde Centroamérica, así como las denuncias de delitos cometidos durante esos viajes, incluyendo abusos contra niños.

El fiscal advirtió sobre la gravedad de la situación y el peligro que enfrentan los menores indocumentados, muchos de los cuales son víctimas de violaciones y abusos sexuales en el trayecto hacia Estados Unidos, un patrón migratorio que, según sugiere, es alentado por el propio gobierno estadounidense.

El funcionario manifestó su preocupación por los posibles vínculos entre algunas ONGs y los cárteles de la droga, además de las transferencias millonarias de dinero desde Estados Unidos a Guatemala con los nombres de los receptores ocultos.

En la entrevista, Pineda recordó que las autoridades allanaron a finales de abril las oficinas de Save the Children tras una orden judicial por tres delitos: lavado de dinero, tráfico de influencias y abuso infantil. En 2017, Jill Biden, esposa del presidente de EE. UU., Joe Biden, fue nombrada como presidenta de la junta directiva de Save the Children.

Starbuck entrevistó a Pineda el 5 de mayo. Un día después, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo propuso una reforma para destituir al Fiscal General y al Secretario General de sus cargos en el Ministerio Público. El Secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, viajo a Guatemala el 7 de mayo para reunirse con Arévalo.

Starbuck, que dirigió el documental “La guerra contra los niños”, sugirió que la administración Biden está intentando vengarse por las investigaciones que afectan sus intereses, al igual que hizo para remover a un fiscal en Ucrania que investigaba al hijo de Biden, Hunter.

En septiembre de 2021, Ángel Pineda y la Fiscal General Consuelo Porras fueron sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Ambos fueron incluidos en la Lista Engel, como supuestos actores corruptos de Guatemala.