Estados Unidos refuerza presión sobre China mediante acuerdo comercial con Vietnam
La administración Trump concluyó el 2 de julio un acuerdo comercial con Vietnam que somete las exportaciones del país del sudeste asiático a un arancel del 20 %, mientras que los productos chinos que son transbordados vía Vietnam hacia Estados Unidos estarán sujetos a una tasa más alta del 40 %.
Washington ha estado involucrado en negociaciones comerciales de alto nivel con China con el objetivo de reducir el déficit comercial de casi 300 mil millones de dólares y lograr que Pekín abra sus mercados.
Actualmente, los productos chinos exportados directamente a Estados Unidos están sujetos a un arancel del 30 %. Desde que comenzó la guerra comercial entre EE. UU. y China bajo la primera administración Trump a finales de la década de 2010, los productores chinos han eludido los aranceles estadounidenses mediante el transbordo: exportando primero a terceros países antes de llegar a EE. UU.
Vietnam acordó no imponer aranceles a los productos estadounidenses.
A inicios de abril, el presidente Donald Trump anunció aranceles a decenas de países en lo que denominó el “Día de la Liberación”, pero la semana siguiente aplazó dichos aranceles durante 90 días, dejándolos en una tasa base del 10 %, algo que había prometido durante la campaña electoral.
Muchos países, incluidos aliados como Canadá, Japón y Taiwán, estaban programados para enfrentar tasas arancelarias elevadas.
Con el plazo de 90 días alcanzado el 9 de julio, el 7 de julio Trump anunció aranceles de diferentes tasas a más de 12 países, incluyendo aranceles del 25 % a Japón y Corea del Sur, escribiendo a sus respectivos primeros ministros y presidentes que esta era una cifra “mucho menor de lo que se necesita para eliminar el desequilibrio comercial que tenemos con su país”.
Los nuevos aranceles de EE. UU. entrarán en vigor el 1 de agosto para permitir más tiempo de negociación.
Negociaciones y demoras
Hasta el momento, solo Vietnam y el Reino Unido han alcanzado acuerdos comerciales con Trump. El Reino Unido aseguró una tarifa base del 10 %.
El 8 de julio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que EE. UU. podría recaudar 300 mil millones de dólares en aranceles este año, y que ya se habían recaudado 100 mil millones. Los aranceles son un elemento central de la agenda económica de la administración Trump, con partidarios que sostienen que pueden servir para recaudar ingresos gubernamentales en lugar de otros impuestos.
Las conversaciones con Japón se han estancado, ya que el presidente estadounidense exige a Tokio que reduzca las barreras de importación a automóviles, arroz y otros productos estadounidenses, además de que asuma más costos por albergar bases militares de EE. UU. Los funcionarios japoneses han argumentado que la demanda interna de estos productos es baja y que Japón ya cubre el 75 % de los costos de las bases estadounidenses.
Problemas similares afectan las negociaciones con Taiwán y Corea del Sur, aliados clave con los que el Departamento de Estado de EE. UU. busca reforzar lazos estratégicos ante el creciente poder militar de la China comunista.
Corea del Sur eligió recientemente al presidente Lee Jae-myung, de tendencia progresista, tras la destitución de su predecesor conservador, Yoon Suk-yeol, quien perdió apoyo luego de un fallido intento de imponer la ley marcial en diciembre pasado. Aunque continúa destacando la alianza militar con EE. UU., Lee y otros miembros de su Partido Democrático son vistos como más neutrales al equilibrar las relaciones económicas entre Washington y Pekín.
Taiwán, productor de semiconductores de última generación, no estuvo entre los países que recibieron cartas de aranceles por parte de Trump.
Trump también emitió cartas imponiendo aranceles del 40 % a Birmania (Myanmar) y Laos; 30 % a Sudáfrica; 25 % a Kazajistán, Malasia y Túnez; 32 % a Indonesia; 35 % a Bangladesh y Serbia; 36 % a Camboya y Tailandia; y 30 % a Bosnia y Herzegovina.
Tratando con China
El acuerdo alcanzado con Vietnam, aunque uno de solo dos cerrados al momento de publicación, destaca la estrategia de EE. UU. para presionar a Pekín en las negociaciones con la segunda mayor economía del mundo.
Otros países afectados por aranceles elevados debido al alto volumen de transbordos chinos incluyen Camboya, Madagascar y Lesoto.
El 3 de julio, un portavoz del Ministerio de Comercio de China declaró que el régimen comunista chino “se opone firmemente a que cualquier parte alcance acuerdos a costa de los intereses de China” y advirtió que “China responderá con firmeza”.
En mayo, justo después de una visita del líder chino Xi Jinping, el gobierno vietnamita emitió directrices para que su ministerio de comercio reprimiera los transbordos no deseados, argumentando que esto podría poner en peligro las negociaciones en curso.
A principios de junio, durante una reunión en Londres, EE. UU. y China acordaron un marco para un acuerdo comercial que restauró la confianza del mercado después de una escalada de aranceles mutuos que llevó las tasas estadounidenses sobre bienes chinos hasta el 145 % antes de que ambas partes las redujeran.
Además de los aranceles, China también había restringido la exportación de elementos de tierras raras, cruciales para la fabricación de productos tecnológicos avanzados, antes de levantar nominalmente esas barreras tras las primeras negociaciones en junio. China domina este sector gracias a su infraestructura de minería y procesamiento, especialmente en el suroeste del país.
Trump afirmó después de esos acuerdos marco que Pekín había aceptado un arancel del 55 % sobre sus exportaciones a EE. UU., mientras que los productos estadounidenses estarían sujetos a un arancel chino del 10 %.
El 25 de junio, Trump anunció que EE. UU. y China habían alcanzado un nuevo acuerdo, aunque no ofreció detalles más allá de decir que “estamos empezando a abrir China”.
Los aranceles extremadamente altos inicialmente impuestos a China han sido retrasados hasta el 12 de agosto, fecha para la cual EE. UU. espera haber alcanzado un acuerdo comercial final con Pekín.
En medio de estas conversaciones, el 8 de julio la secretaria de Agricultura de EE. UU., Brooke Rollins, presentó un “Plan de Acción Nacional de Seguridad Agrícola” de siete puntos, que, entre otras medidas, busca “abordar la propiedad extranjera de tierras agrícolas estadounidenses por parte de adversarios”.
Aunque Trump se negó a responder preguntas de los periodistas sobre esta política el 9 de julio, el plan del Departamento de Agricultura identifica a China como uno de los países cuyas inversiones en tierras en EE. UU. serán vigiladas, junto con otros Estados considerados adversarios, como Rusia e Irán.
Por Leo Timm
