Escándalo por irregularidades en indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado en Argentina

El Gobierno argentino destapó un masivo entramado de corrupción en torno a las indemnizaciones otorgadas a presuntas víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Tras frenar los pagos e iniciar una exhaustiva auditoría, se reveló la existencia de cientos de expedientes irregulares, con documentación falsa y casos de personas que simulaban ser familiares de desaparecidos para cobrar millonarias reparaciones de manera fraudulenta.

La información fue revelada anoche por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en declaraciones al programa ‘¿La Ves?’ de TN. Según detalló, se encuentran bajo revisión 22.500 expedientes, algunos reconocidos en sede administrativa o judicial, y otros pendientes de resolución por parte del Ministerio. Se audita, en todos los casos, el respaldo documental, la veracidad y legalidad de la documentación presentada para cobrar las reparaciones.

El promedio del monto de las indemnizaciones otorgadas ronda los 80.000.000 pesos cada una (aprox. USD 80.000), según los datos oficiales. Sin embargo, el funcionario señaló que el gobierno anterior, encabezado por Alberto Fernández, reconoció beneficios por una suma total de 14.261.528.925 pesos (aprox. USD 14,2 millones) , aun cuando ya existían denuncias por irregularidades.

«Había una suerte de asociación ilícita que preparaba documentos falsos para inventar identidades ficticias de víctimas y así poder cobrar las indemnizaciones», aseveró Cúneo Libarona.

La justicia investiga una presunta asociación ilícita dedicada a la falsificación de documentos públicos y estafas al Estado en torno a estas indemnizaciones. En el marco de la causa «Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita», ya hay procesados y se han embargado bienes por un valor de $200.000.000 (aprox. USD 200.000).

Según informó el Ministerio de Justicia, entre los casos descubiertos figuran personas que participaron de atentados guerrilleros en 1975 y se acogieron irregularmente a las leyes indemnizatorias para víctimas del terrorismo de Estado. «Se acogieron a la ley sin encontrarse en situación legal para hacerlo y les pagaron la indemnización. Fue un ataque motivado por ellos, no se trató de desaparecidos», subrayó Cúneo Libarona.

Además, se detectaron cobros realizados a supuestos familiares de individuos que permanecían en el exterior y no habían sido desaparecidos. Incluso, se dieron situaciones donde, pese a perder juicios, lograban arreglos irregulares con el Estado para percibir las indemnizaciones de todas formas, aseguró el ministro.

En el marco de la investigación judicial, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó embargar bienes al abogado Omar Enrique Ramón García, quien representa a varias de las personas que solicitaron los beneficios bajo sospecha de irregularidades. García deberá comparecer ante el tribunal en un plazo de 72 horas hábiles, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su inmediata detención.

El entramado ilegal habría operado aprovechando las seis leyes nacionales (24.043, 24.411, 25.914 y otras) que amparan las reparaciones a víctimas de desapariciones forzadas ocurridas hasta el 10 de diciembre de 1983, durante la última dictadura militar.

Las indemnizaciones del Estado para víctimas de aquel régimen son acreditadas o rechazadas por la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, un organismo dependiente del Ministerio de Justicia.

El Ministro Libarona remarcó el compromiso oficial de «desmantelar cualquier esquema de corrupción» y garantizar que las indemnizaciones lleguen únicamente a quienes fueron realmente víctimas del terrorismo estatal durante ese oscuro período de la historia argentina.

«Estamos comprometidos en desmantelar cualquier esquema de corrupción y asegurar que las indemnizaciones lleguen a quienes realmente las merecen», enfatizó el ministro, advirtiendo que no se tolerarán maniobras delictivas que desvíen estos fondos de reparación hacia individuos que no fueron víctimas genuinas.