Empresas francesas enfrentan presión de la administración Trump para cumplir con la prohibición de programas DEI

La administración del presidente Donald Trump ha ordenado a algunas empresas francesas con contratos del gobierno estadounidense que cumplan con su decreto ejecutivo que prohíbe los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés), evidenciando el alcance extraterritorial de las políticas estadounidenses y su posible impacto en las prácticas corporativas europeas.

Según documentos revisados por Reuters, estas compañías han recibido un cuestionario titulado «Certificación sobre el Cumplimiento de la Ley Federal Antidiscriminación Aplicable», en el que se les pide confirmar su adhesión a la medida. La iniciativa, reportada inicialmente por el diario francés Les Echos el viernes 28 de marzo de 2025, fue comunicada por la embajada de Estados Unidos en París a las empresas afectadas.

El decreto, identificado como Orden Ejecutiva 14173 y titulado «Poniendo Fin a la Discriminación Ilegal y Restaurando Oportunidades Basadas en el Mérito», fue firmado por Trump como parte de su agenda «America First». En una carta acompañante publicada por Le Figaro, se especifica: «Informamos que esta orden aplica a todos los proveedores y prestadores de servicios del gobierno de Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad o el país en el que operen». Las empresas tienen cinco días para completar y devolver el formulario en inglés o, en caso de negarse, proporcionar una explicación detallada que será remitida a los servicios legales estadounidenses.

Tensiones transatlánticas y diferencias culturales

Esta medida llega en un momento de crecientes tensiones económicas y políticas entre Estados Unidos y Europa tras la elección de Trump, cuya plataforma prioriza los intereses nacionales. El enfoque de la administración también ha generado inquietud en las juntas directivas europeas, especialmente por la posibilidad de que la lucha contra las políticas DEI se extienda más allá de las fronteras estadounidenses, en un contexto donde las tarifas comerciales y los lazos de seguridad ya han alterado las relaciones transatlánticas.

En Estados Unidos, las políticas DEI han sido ampliamente adoptadas por empresas que recopilan datos sobre raza y etnia y establecen metas de diversidad. En contraste, Francia sigue un enfoque secular que limita estas prácticas, con leyes que restringen la recolección de datos demográficos y esfuerzos corporativos que se centran más en género y antecedentes socioeconómicos. Esto plantea interrogantes sobre los ajustes prácticos que las empresas francesas podrían necesitar implementar para cumplir con el decreto de Trump.

Un portavoz de la embajada estadounidense en París no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. Hasta el momento, no está claro si cartas similares han sido enviadas a empresas en otros países europeos.

Respuestas mixtas entre empresas francesas

No parece haber un criterio basado en la presencia en Estados Unidos para seleccionar a las empresas destinatarias. Por ejemplo, Orange, el grupo estatal de telecomunicaciones de Francia sin operaciones en EE.UU., confirmó haber recibido la carta, aunque declinó hacer comentarios. En cambio, compañías como Thales (electrónica de defensa) y TotalEnergies (petróleo), que sí tienen presencia en el mercado estadounidense, informaron a través de sus portavoces que no han sido contactadas.

Un funcionario cercano al ministro de Finanzas francés, Eric Lombard, indicó que el asunto será abordado con el gobierno de Estados Unidos. «Esta práctica refleja los valores del nuevo gobierno estadounidense, que no son los mismos que los nuestros. El ministro lo recordará a sus homólogos en Washington», afirmó el oficial, subrayando las diferencias filosóficas entre ambos países.

Implicaciones más amplias

La solicitud de cumplimiento destaca el poder de Estados Unidos para influir en empresas extranjeras a través de sus contratos gubernamentales, un recordatorio de la interconexión económica global. Aunque no se especificó cuántas empresas francesas están afectadas ni las consecuencias exactas de no cumplir, la medida podría sentar un precedente para cómo la administración Trump busca proyectar sus políticas domésticas en el extranjero.

A medida que las empresas evalúan sus próximos pasos, este episodio pone de relieve los desafíos de navegar entre regulaciones nacionales divergentes y las expectativas de un socio comercial clave como Estados Unidos. El diálogo entre París y Washington será crucial para determinar cómo se resuelve esta situación y si otras naciones europeas enfrentarán demandas similares en el futuro.