Empleados de Nueva York despedidos por no vacunarse regresarán al trabajo y podrán recibir salarios en retroactivo

Un nuevo fallo de un juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York ha enviado a 16 trabajadores del Departamento de Saneamiento (SDNY) que fueron despedidos por negarse a cumplir con el mandato de vacunación contra la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) de la ciudad de regreso al trabajo con la devolución de sus salarios perdidos.

“El mandato de vacunación para los empleados de la Ciudad no se trataba solo de seguridad y salud pública; se trataba de cumplimiento”, criticó el juez Ralph Porzio en su Decisión y orden del 24 de octubre.

Porzio continuó: “Si se tratara de seguridad y salud pública, los trabajadores no vacunados habrían sido puestos en licencia en el momento en que se emitió la orden. Si se tratara de seguridad y salud pública, el Comisionado de Salud habría emitido mandatos en toda la ciudad para la vacunación de todos los residentes”.

Los alegatos indican que los 16 trabajadores de SDNY fueron despedidos en febrero de 2022 después de no cumplir con un decreto de octubre de 2021 del comisionado de Salud, David Chokshi, que requería que todos los trabajadores mostraran prueba de inyección solo nueve días después.

Ese edicto se extendió a todos los empleados privados en diciembre de 2021.

El argumento central de los demandantes de que el mandato era una extralimitación del poder gubernamental y una violación de la Constitución del Estado de Nueva York fue la Orden Ejecutiva 62 emitida por el nuevo alcalde Eric Adams en marzo de este año, que concedía exenciones a «atletas, intérpretes y otros artistas» del mandato de los empleados privados.

El juez Porzio declaró en su fallo de 13 páginas: “El alcalde, al emitir la Orden Ejecutiva No. 62, tomó una decisión diferente para personas en situaciones similares basándose en hechos idénticos. No hay nada en el expediente que respalde la racionalidad de mantener un mandato de vacunación para los empleados públicos, dejando vacante el mandato para los empleados del sector privado o creando una excepción para ciertas profesiones…”.

“Esta es claramente una acción arbitraria y caprichosa porque estamos tratando con personas idénticas no vacunadas que son tratadas de manera diferente por la misma agencia administrativa”, dictaminó Porzio.

En última instancia, el juez Porzio ordenó que los 16 trabajadores de SDNY fueran “reintegrados a su estado de pleno empleo” a partir de las 6:00 a. m. del 25 de octubre y, además, “tienen derecho a recibir salarios retroactivos a partir de la fecha de terminación”.

El momento del fallo es delicado para la Administración Adams. Recientemente, el 19 de octubre, el equipo de periodistas de investigación Project Veritas grabó a Chris Baugh, miembro del Equipo de Avanzada de la Ciudad de Nueva York bajo el mando del alcalde, burlándose de los trabajadores públicos que perdieron su sustento bajo los mandatos de la Ciudad en un video encubierto.

“Sin embargo, la policía está enojada con nosotros porque revertimos el mandato del sector privado, pero no vamos a revertir el mandato del sector público”, dijo Baugh en comentarios en lo que parece ser un restaurante a lo que parece ser una mujer que él podría haber tenido. creía que estaba en una cita con.

Cuando su «cita» le preguntó por qué la Ciudad revocó el mandato privado, Baugh respondió: «¿A quién le importa [improperio]? El COVID ha terminado es la respuesta corta. ¿Por qué seguimos haciéndolo para el sector público? No sé. Probablemente lo detengamos en unos meses”.

Los comentarios adicionales de Baugh mostraron una actitud preocupante y pueden haber reflejado la cultura interna en el Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York, “1.400 personas renunciaron voluntariamente a sus trabajos en lugar de vacunarse. No se merecen que les devuelvan sus trabajos”.

“Eligieron no hacer algo muy, muy inofensivo que protege al resto de la sociedad. [Improperio] ellos”. 

“Me importa una [improperio]”, despotricó Baugh. “’Esto es injusto’, [improperio] acéptenlo”.

Según un artículo del 20 de octubre del New York Post, Baugh fue despedido rápidamente luego de las revelaciones.

El secretario de prensa de Adams, Fabien Levy, dijo en un comunicado que fue despedido por “menospreciar a los socorristas”, caracterizando a Baugh como “un miembro del personal de bajo nivel que no tenía acceso privado o especial al alcalde” y que no fue contratado por la administración de Adams.

Se han ido acumulando fallos judiciales contra las políticas de vacunación obligatoria de los empleados y del gobierno que resultan en despidos.

En agosto, un juez de Florida otorgó a varios infantes de marina estadounidenses que se opusieron a recibir la inyección por motivos religiosos, pero el Pentágono les negó unilateralmente una exención, una suspensión contra el edicto del gobierno.

El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Steven Merryday, declaró en su fallo de 43 páginas: 

«La historia pertinente en esta acción informa que ni para un solo Marine en servicio continuo (por supuesto, un simbólico uno o cinco o diez Marines entre los 3.733 solicitantes no cambiaría el caso) – ni para un contable o para un gerente de inventario; ni para un analista de datos; ni para un «cabeza de tarro» que sirvió en el extranjero «en peligro» a lo largo de 2020 y 2021 durante el apogeo de la epidemia de COVID-19 pero sin vacunación; ni para un solo marine, por muy joven, fuerte o gloriosamente sano que sea y ni siquiera si el marine ya ha contraído el COVID-19 y se ha recuperado sin consecuencias materiales – en ningún caso el Cuerpo de Marines ha accedido a permitir ningún tipo de adaptación, incluyendo cualquier protocolo de salud y seguridad ya probado, para acomodar razonablemente tanto la salud y la preparación del Cuerpo de Marines como la creencia religiosa sincera de un compañero».

«¿Qué hacer con eso?» preguntó el juez.

En julio, el Sistema de Salud de la Universidad de NorthShore en Illinois se vio obligado a resolver una demanda colectiva con aproximadamente 500 trabajadores anteriores y actuales que fueron despedidos por no aceptar la inyección o aceptaron la inyección para mantener sus trabajos por 10,3 millones de dólares.