El Supremo Tribunal Federal de Brasil busca monitorear redes sociales y rastrear usuarios

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil abrió el viernes una licitación para contratar una empresa que monitoreará las redes sociales en busca de contenidos relacionados con la Corte.

El contrato, valorado en 345.000 reales brasileños (aprox. USD 63.500), tendrá una duración de un año y surge en un momento en que el STF intensifica sus esfuerzos para combatir lo que llama desinformación y los ataques que recibe en internet.

La empresa ganadora de la licitación realizará un seguimiento ininterrumpido de plataformas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr, TikTok y LinkedIn. El trabajo incluirá el análisis de la imagen del Supremo, la identificación de temas relevantes abordados por los usuarios y la clasificación del material. Además, la empresa deberá identificar a las personas que comparten los contenidos, especialmente a los autores de menciones negativas.

El edital solicita que la empresa utilice una herramienta específica capaz de «identificar públicos, formadores de opinión, discursos adoptados, georreferenciación del origen de las publicaciones, así como evaluar la influencia de los públicos, los patrones de los mensajes y eventuales acciones organizadas en la web».

Los ministros del STF recibirán informes diarios, semanales y mensuales que identificarán a los formadores de opinión que debaten asuntos relacionados con el Supremo, analizando su posicionamiento y su capacidad de repercusión. El trabajo también incluirá una evaluación general del impacto de la movilización en torno a temas relacionados con la Corte y sus reflejos en la opinión pública.

La herramienta no solo proporcionará datos precisos sobre la imagen de la Corte en el universo digital, sino que también buscará inhibir la difusión de amenazas contra los ministros. Los datos recopilados podrán ser compartidos con la Policía Federal si fuera necesario.

En un comunicado, el Supremo informó que la licitación tiene como objetivo recopilar contenidos públicos divulgados en las redes sociales sobre la Corte, similar a lo que hacen otros órganos de la administración pública. «Se trata de un servicio para compilar el contenido público de las redes sociales sobre el STF, así como ya existe el clipping para las noticias de los periódicos y sitios web. La consolidación del contenido público de las redes se realiza en la mayoría de los órganos de la administración pública y orienta los trabajos de comunicación social, para la definición de temas que deben ser mejor explicados a la sociedad, por ejemplo», explica el texto enviado por la asesoría de prensa del STF.

El monitoreo se realizará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. La empresa contratada deberá rastrear palabras clave y temas de interés definidos por el Tribunal en las diferentes plataformas de redes sociales y blogs no especificados.

Aunque el documento no especifica la cantidad de citas que deben ser monitoreadas, aclara que el número puede variar en función de eventos específicos, como los ocurridos el 8 de enero de 2023 cuando simpatizantes de Jair Bolsonaro, que no reconocían la victoria de Lula da Silva, irrumpieron en el palacio presidencial, el Congreso y la corte suprema.

El Supremo también busca conocer cómo está su imagen ante la opinión pública, con una clasificación de los registros en «positivo», «negativo» y «neutro». Además, el Tribunal quiere que la empresa identifique las principales «fuentes detractoras» e «influenciadoras» en el ambiente digital.

En este contexto, Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha expresado su rechazo a la medida del STF.

En una declaración en X el lunes, Eduardo Bolsonaro criticó duramente la iniciativa: «La mentalidad del STF es: si yo quiero y nadie lo hace, lo haremos nosotros mismos aquí, no importa la constitución o si es o no nuestra competencia. Después de hacerlo, basta con gritar ‘viva la democracia’, ‘derrotamos al bolsonarismo’ y cualquiera que esté en contra es antidemocrático y fascista».

Las palabras de Eduardo Bolsonaro reflejan la preocupación de algunos sectores de la sociedad brasileña sobre el alcance de las acciones del STF y su impacto en la libertad de expresión. Critican que la Corte se extralimita en sus funciones y que este tipo de medidas se utilizan para silenciar voces disidentes.

El Supremo aparece como una de las instituciones federales más atacadas y de peor reputación, con su imagen frecuentemente depreciada y asociada a acciones con consecuencias negativas y de preocupantes avances contra la privacidad y la libertad de expresión en Internet.

Por Alberto Peralta – Mundo Libre Diario