El Senado francés votará por la vacunación obligatoria para todos los ciudadanos de 24 a 59 años

El Senado francés está listo para votar un proyecto de ley que haría que las vacunas COVID-19 fueran obligatorias para grandes franjas de su población.

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La vida no ha sido fácil para los no vacunados en Francia desde el lanzamiento del Green Pass, el sistema de pasaportes de vacunas de Francia, y las perspectivas pueden empeorar cada vez más para los que rechazan las vacunas, ya que un senador francés está a punto de presentar un proyecto de ley que exigiría Vacuna COVID-19 para todos los ciudadanos de 24 a 59 años.

Según el Instituto Pasteur, se eligió el grupo de edad porque más del 90 por ciento de las personas infectadas con COVID-19 son menores de 60 años en Francia. 

El Instituto calculó que entre los jóvenes de 12 a 17 años, se necesitaba una tasa de vacunación del 30 por ciento, y entre los de 18 a 59 años, sería necesario un 70 por ciento. Por el contrario, para las personas mayores de 60 años, se consideró necesaria una tasa de vacunación de más del 90 por ciento. 

El Senado emitió un informe de su Misión Común de Información el jueves, afirmando que la regulación sería fundamental para aplanar la cuarta ola y reducir las tasas de hospitalización y muertes.

La medida sigue un mandato del 14 de septiembre que requiere que todos los 2,5 millones de trabajadores de la salud, personal hospitalario, paramédicos, trabajadores de atención social y médicos privados en el país sean vacunados. Este acto provocó el despido de al menos 3.000 trabajadores que se han negado a vacunarse.

El lunes, el senador Bernard Jomier propuso el mandato que convertiría a Francia en el primer país del mundo en imponer la vacunación a prácticamente todos sus ciudadanos para el 1 de enero de 2022. No se otorgan exenciones. 

Jomier, quien es miembro del Partido Socialista, es también Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Sociales y miembro de la Oficina Parlamentaria para la Evaluación de Opciones Científicas y Tecnológicas, Misión de Evaluación y Control de la Seguridad Social, y ecologista, quien dirigió para agregar el mandato de la vacuna COVID-19 a una lista de otras 11 vacunas obligatorias enumeradas en el artículo L3111-1 del Código de Salud Pública (APS) de Francia.

La APS ya exige vacunas contra sarampión, paperas, antidifterítico, antitetánico, antipoliomielitis, tos ferina, Haemophilus influenzae tipo b, virus de la hepatitis tipo b, infecciones neumocócicas invasivas, meningococo del serogrupo c y rubéola.

Los ciudadanos que se nieguen a recibir la vacuna pueden enfrentar multas que van desde 135 euros (156 dólares) hasta 1500 euros (1735 dólares) según el artículo 519 del Código de Procedimiento Penal francés. 

Jomier siempre se ha opuesto abiertamente a los tratamientos terapéuticos alternativos como la hidroxicloroquina para combatir el COVID-19. 

El año pasado se enfrentó al profesor Didier Raoult, experto en enfermedades infecciosas, diciendo: «Hoy en día, parece que la mayoría de los países, desde Estados Unidos hasta Japón, desde Corea del Sur hasta Alemania y China, no recomiendan este tratamiento, por lo que parece que la ciencia ha hablado. La lista de países que no recomiendan o incluso desaconsejan el uso de hidroxicloroquina es extremadamente larga. He citado solo algunos países. […] Se observa que en todo el mundo, este tratamiento ya no se usa”.

El Senado discutirá la enmienda propuesta a la APS el 13 de octubre antes de enviarla a la Asamblea.