El «refugio» de Jones Huala: las comunidades mapuche y el conflicto territorial en Argentina

Argentina comparte con Chile la cuestión mapuche, habiendo casos que incluso cruzan la frontera, como las polémicas en torno a Facundo Jones Huala. El dirigente fue detenido esta semana en Argentina, donde se mantiene detenido a espera de su extradición.

Esta causa, así como los enfrentamientos que se dieron entre comunidades indígenas y las fuerzas policiales en la Patagonia argentina, ponen sobre relieve un conflicto que involucra a los Estados de ambos países.

La cordillera de la provincia de Río Negro, situada a 1.500 kilómetros de Buenos Aires, fue epicentro en octubre de tres ataques incendiarios intencionales y una nueva reivindicación mapuche en tierras privadas donde se realizaba una explotación forestal.

Según el antropólogo Sebastián Valverde, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, hay un emparentamiento de la situación con la de Chile en cuanto al proceso de criminalización y estigmatización del pueblo mapuche y a la división de la sociedad que está causando, pero la respuesta política sigue siendo muy diferente.

Cuando en Chile los representantes mapuche tuvieron un rol protagónico en la Convención Constituyente, lo calificó como un “gran avance”, estando Argentina “muy atrás de un desarrollo similar”.

Aunque no hay una cooperación oficial entre los Estados respecto al tema, para el experto no cabe duda de “que sí se han compartido informaciones”.

El estudio “Coordinación represiva contra el pueblo mapuche”, publicado en octubre de 2021 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con sede en Buenos Aires, da cuenta de que hubo una articulación entre los países vecinos en cuanto a “la inteligencia ilegal, la militarización y la estigmatización para impedir el ejercicio de los derechos indígenas”.

Según el documento, la experiencia chilena fue “no sólo una fuente de inspiración sino un verdadero modelo, que intentaron aplicar desde 2016” para la difusión del concepto del “mapuche violento” en Argentina.

En Argentina, el eje del conflicto se ubica en Bariloche y El Bolsón, dos ciudades con privilegiados paisajes, grandes reservorios de agua dulce y de bosques nativos, y donde el turismo es la principal actividad económica.

Según retrató en su momento France24, solo uno de los ataques incendiarios perpetrados en octubre en esta región fue reivindicado, a través de un comunicado, por la organización clandestina Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a la cual pertenece Facundo Jones. Dicha agrupación está vinculada a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco de Chile (CAM).

El Gobierno de Río Negro apuntó a un recrudecimiento de la violencia por parte de los pueblos originarios y denunció ante la justicia federal la actuación de una “organización terrorista”, un delito contemplado en el Código Penal Argentino.

Pero el conflicto lleva varios años en esta región de la Patagonia. La RAM actúa en el anonimato y solo el líder mapuche hoy preso se asumió como integrante de este grupo en su juicio de extradición a Chile en febrero de 2018. Ambos reivindican ataques incendiarios y sabotajes en vías férreas, tendido eléctrico y rutas en la cordillera desde 2009.

Su campo de acción -según el reconocimiento de la organización- han sido las provincias de Chubut y Río Negro, principalmente, con incendios a dos refugios de montaña (en 2014 y 2017), el campamento de una empresa vial en la ruta nacional 40, el tendido eléctrico y maquinaria en la estancia del magnate inglés Joe Lewis en El Bolsón, sabotajes en la vía férrea del tren turístico La Trochita, y el ataque y ocupación de un predio dentro de la propiedad del italiano Luciano Benetton. También reivindicaron sabotajes en pozos petroleros de la provincia de Neuquén.

La identificación de Facundo Jones Huala con la RAM, por ser el único integrante que se asumió públicamente como tal, asocia de manera directa el conflicto de la Patagonia argentina con la Araucanía chilena.

El lonco (como se define a los líderes o jefes de grupo de comunidades mapuches) argentino, nacido en Bariloche, quien enfrenta una condena de 9 años de prisión en una cárcel de Temuco por el incendio de una estancia y tenencia ilegal de armas de fuego, admitió en 2018 haber “combatido” para la organización chilena CAM y desde su lugar de detención. Difundió asimismo una carta donde reafirma que desconoce los estados nacionales de Argentina y Chile.

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras -del partido provincial Juntos Somos Río Negro-, quien marcó posturas opuestas al gobierno argentino, también deslizó una vinculación con Chile.

“Estos no son hechos nuevos. Hemos tenido algunos acontecimientos similares en Río Negro en años anteriores y también hubo situaciones de extrema violencia en Chile. Esto es lamentable, tenemos que apelar a todas las herramientas de la democracia para persuadir a las personas que eligen este método!, afirmó tras los primeros ataques incendiarios ocurridos el 3 de octubre en una oficina de turismo en El Bolsón y un destacamento de Vialidad Rionegrina en Bariloche, ambos perpetrados la misma noche.

La dimensión real del grupo que opera desde el anonimato es incierta y también su vinculación con los reclamos territoriales mapuches vigentes, como la reivindicación del área rural de Cuesta del Ternero, a 15 kilómetros de la localidad de El Bolsón, donde existe una explotación forestal que fue ocupada por comunidades indígenas durante los últimos meses de 2022.

En paralelo, en la justicia federal de Bariloche avanza la causa por el delito de usurpación de tierras de Parques Nacionales (un área boscosa protegida) contra integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu, (una comunidad mapuche conformada en territorio considerado ancestral) que se radicó en la zona de Villa Mascardi, a unos 40 kilómetros de Bariloche, en 2017.

Aquí, recuerda Perfil, un hermano de Jones Huala estuvo detenido por participar de la ocupación cuando se produjo un desalojo en noviembre de 2017, que terminó con el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel alcanzado por un disparo de un arma del escuadrón de Prefectura Naval Argentina que realizó el operativo.

Esta reivindicación mapuche de Villa Mascardi –que tiene un número incierto de integrantes y el rechazo de comunidades que trabajan con el Estado- protagonizó en los últimos años decenas de episodios de violencia contra habitantes de la zona y transeúntes de la ruta argentina 40, daños en propiedades privadas y avances territoriales hacia la costa del lago homónimo al paraje y otras propiedades como un complejo de cabañas que pertenece al Obispado de San Isidro.

En todos los casos –que se investigan en la Justicia de Río Negro- el actuar es a rostro cubierto, por lo que la identificación de los autores es casi nula.

Ernesto Saavedra, abogado de vecinos que fueron víctimas de episodios de violencia, consideró ante Perfil que la situación actual responde a “una cuestión política, no es un conflicto de tierras porque de ser así nos sentamos todos en una mesa a discutir”.

Desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche, Orlando Carriqueo, denunció que el trasfondo del conflicto actual es la falta de avance del relevamiento indígena que ordena la Ley Nacional 26.160, cuya prórroga está actualmente en debate en el Congreso Argentino. El repreesentante precisó que 54 comunidades cuentan con el relevamiento indígena concluido, pero resta censar otro centenar todavía.

La tarea del relevamiento de pueblos originarios, que se realiza desde 2006 con severas demoras en todo el país, es coordinada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), junto a las provincias y comunidades indígenas.

Artículo publicado originalmente en BíoBíoChile