¿El polémico juez brasileño Alexandre de Moraes podría ser arrestado en Estados Unidos?

En el entorno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ha surgido una creciente preocupación respecto a la seguridad jurídica del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, en caso de que este decida viajar a Estados Unidos. Según información publicada por la revista Veja el 9 de febrero, asesores diplomáticos del gobierno han alertado sobre la posibilidad de que autoridades estadounidenses puedan emitir una orden de arresto contra de Moraes en territorio norteamericano.

Un colaborador cercano a Lula, citado por Veja, afirmó: «Cualquier juez federal puede mandar prenderlo, si pisa allá. Ellos quieren vengarse de Alexandre». Esta fuente subrayó que una eventual detención del ministro sería interpretada como «una gran victoria» para sectores que defienden las libertades individuales y podría desencadenar una fuerte repercusión internacional.

El periodista Robson Bonin informó que el gobierno de Lula ya notificó a la Corte Suprema sobre la situación.

La inquietud se intensifica en el contexto de las últimas decisiones de de Moraes en el STF, especialmente aquellas relacionadas con investigaciones y medidas contra aliados del expresidente Jair Bolsonaro (incluidos congresistas, senadores y periodistas). Estas acciones han sido objeto de atención en la prensa internacional, incluyendo medios con tendencias de izquierda, que han cuestionado las actuaciones del magistrado y de las cortes brasileñas, señalando posibles indicios de persecución política.

El accionar del juez de Moraes ha sido tan grotesco que la congresista estadounidense María Elvira Salazar presentó un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos para bloquear la entrada de funcionarios brasileños acusados ​​de violar la libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses.

¿Cambio de postura?

En este marco es que se ha observado un cambio en la postura de de Moraes en las últimas semanas, sobre todo en lo que respecta a la censura que había ordenado en plataformas digitales.

De Moraes reactivó cuentas en redes sociales que estaban censuradas desde 2022. Los perfiles fueron desbloqueados en vísperas de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que inició el 9 de febrero una misión de investigación en Brasil.

Todas estas decisiones sugieren una posible reevaluación de su enfoque tras la asunción de Donald Trump, conocido aliado de Bolsonaro, a la presidencia de Estados Unidos.

Asimismo, el ministro del STF autorizó nuevamente la operación de la plataforma de videos Rumble en Brasil (tras haber sido prohibida por no eliminar las cuentas que el juez de Moraes quería censurar).

«La decisión de Brasil de rescindir su orden de censura en Rumble es una prueba de que el mundo está cambiando. El presidente Trump está haciendo que el mundo vuelva a ser grandioso», escribió el 9 de febrero Chris Pavlovski, CEO de Rumble, en su cuenta de X.

La influencia de Trump y Musk

El presidente Trump ha manifestado en diversas ocasiones su oposición a la censura en plataformas digitales -de la cual él mismo ha sido víctima- y ha expresado su apoyo a figuras políticas afines a su ideología, como Bolsonaro.

Además, Elon Musk, propietario de la red social X (anteriormente Twitter), ha tenido enfrentamientos directos con de Moraes debido a decisiones judiciales que afectaron las operaciones de su plataforma en Brasil.

En agosto de 2024, de Moraes ordenó la suspensión de la red social X en todo Brasil, argumentando el incumplimiento de órdenes judiciales por parte de la empresa. Esta medida fue levantada posteriormente, luego de que la plataforma cumpliera con las determinaciones judiciales, incluyendo el bloqueo de cuentas específicas (afines al bolsonarismo) y el nombramiento de un representante legal en el país.

Estas tensiones han llevado a que asesores del gobierno brasileño recomienden a de Moraes reconsiderar cualquier plan de viaje a Estados Unidos, ante el riesgo de acciones legales en su contra. La posibilidad de una orden de arresto emitida por un juez federal estadounidense es vista como una amenaza real, especialmente considerando que el gobierno estadounidense cambió radicalmente su perfil en pos de defender la libertad de expresión a partir de la asunción de Trump el 20 de enero.