El plan del gobierno de Milei para desalojar a los «mapuches» de los predios ocupados en la Patagonia

Bajo el gobierno de Alberto Fernández, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ha respaldado a familias que reclamaban tener ancestros mapuches para obtener beneficios estatales, ayudas que lograban con el gobierno kirchnerista, pero no así con el actual gobierno de Javier Milei, el cual está realizando rigurosas auditorías en todas las dependencias estatales.

La nueva dirección de Parques Nacionales está revisando las concesiones otorgadas durante la administración anterior, así como el apoyo continuo brindado a estas comunidades por parte de entidades gubernamentales, a pesar de algunas ocupaciones ilegales de tierras estatales.

Bajo el liderazgo del gobierno de Javier Milei, se prioriza la recuperación de tierras otorgadas, la anulación de convenios firmados y la revisión de los reconocimientos otorgados por el INAI a más de 200 agrupaciones.

A raíz de un informe de Infobae, el Gobierno ha revocado un convenio firmado en 2021 entre Parques Nacionales y la fundación dirigida por Franco García Dellavalle, un activista social cercano al activista de extrema izquierda Juan Grabois, exfuncionario del gobierno anterior. Este acuerdo contemplaba la entrega de 2 hectáreas en la costa del lago Mascardi, lo que fue denunciado como un favoritismo hacia los aliados del poder antes de ser cancelado.

El portavoz presidencial Manuel Adorni anunció la cancelación del acuerdo, pero este no es el único caso bajo investigación por la nueva administración de Parques.

Uno de los casos emblemáticos de apoyo gubernamental a ocupantes ilegales tuvo lugar en Villa Mascardi, donde un grupo ocupó ilegalmente terrenos de Parques Nacionales desde noviembre de 2017 hasta 2022. Durante un desalojo en octubre de 2022, la Policía Federal encontró tarjetas de beneficios sociales otorgados por el gobierno nacional.

El grupo detrás de esta ocupación se autodenominó Lafken Winkul Mapu, aunque la mayoría de sus miembros pertenecían a otra agrupación mapuche que ya había usurpado tierras cerca de Bariloche.

La Administración de Parques mostró una actitud conciliadora hacia esta agrupación, incluso retirando una querella durante el conflicto judicial, aunque más tarde retomó la acción legal debido a la presión mediática.

Otro caso revelador de complicidad gubernamental ocurrió en 2020, cuando el vicepresidente del INAI, Luis Pilquimán, fue detenido transportando familias a la ocupación ilegal de Villa Mascardi.

Para evitar cargos por malversación de fondos públicos, Pilquimán acordó pagar una multa y realizar trabajo comunitario.

La ex senadora Magdalena Odarda, que dirigía el organismo en ese momento, también jugó un papel importante en el apoyo a los ocupantes ilegales. En un caso cerca de Bariloche en 2019, emitió una resolución para reconocer la propiedad comunitaria de 481 hectáreas, pero esta fue posteriormente anulada por la justicia.

El nuevo presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, ha expresado su intención de revisar las acciones pasadas y corregir los errores cometidos.

Un plan propuesto durante la administración anterior, liderado por el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, fue descartado por la nueva administración. Este plan incluía ceder tierras fiscales a la comunidad Lafken Winkul Mapu y construir viviendas para ellos.

La nueva dirección de Parques Nacionales se compromete a no ceder soberanía sobre las tierras y busca reconstruir la escuela de guardaparques en un sitio previamente vandalizado por los ocupantes ilegales. Aunque el proyecto carece actualmente de recursos, la administración está determinada a recuperar el control sobre estas tierras públicas.