El gobierno de Milei impulsa una reforma migratoria ambiciosa para 2025

El gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, está trabajando en una nueva ley migratoria que busca transformar las políticas actuales antes de que finalice 2025.

Presentada como parte del paquete de reformas anunciado durante la apertura del 143° período de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo de 2025, esta iniciativa apunta a endurecer los controles fronterizos, reducir costos estatales y priorizar recursos para los ciudadanos argentinos. La propuesta, que revisará la Ley de Migraciones 25.871 (sancionada en 2003 y modificada en 2010), está siendo redactada bajo la supervisión del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, según fuentes del Ministerio.

Principales ejes de la reforma

1. Cobro de servicios a extranjeros
   Uno de los cambios más significativos es la implementación de aranceles para no residentes en servicios públicos como salud y educación. Varias provincias ya han tomado medidas en esta línea. En Salta, por ejemplo, el cobro de atención sanitaria a extranjeros no residentes generó un ahorro fiscal de 60 millones de pesos en el Hospital Señor del Milagro en 2024, según datos oficiales. Mendoza, Santa Cruz y Jujuy también han adoptado políticas similares para frenar el denominado «turismo sanitario», un fenómeno que implica el uso de servicios médicos gratuitos por parte de personas que cruzan las fronteras con ese propósito.
   En el ámbito educativo, Milei ha sido claro: «Las universidades deben cobrarles a quienes no son residentes permanentes». Aunque esta medida enfrenta resistencia en el Congreso, donde se debatirá su viabilidad, el Ejecutivo no descarta avanzar mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) si no logra apoyo legislativo.
2. Endurecimiento de la política hacia inmigrantes ilegales
   La reforma propone facilitar la deportación de extranjeros con antecedentes penales o sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia. El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que se ampliará la lista de delitos que justifican la expulsión inmediata, incluyendo casos de documentación falsa o ingreso con intenciones no declaradas. Estas personas podrían ser rechazadas directamente en la frontera.
   El artículo 6 de la Ley 25.871, que garantiza el acceso igualitario de los inmigrantes a salud, educación y seguridad social, podría ser eliminado o modificado sustancialmente, marcando un giro hacia una política más restrictiva.
3. Fortalecimiento de los controles fronterizos
   El proyecto incluye una modernización de la vigilancia en los límites con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. El gobierno planea instalar nuevos radares, mejorar la infraestructura en los pasos internacionales y aumentar la presencia de fuerzas de seguridad. Estas medidas buscan no solo reducir la inmigración ilegal, sino también combatir el narcotráfico y el contrabando, problemas recurrentes en las zonas fronterizas. En 2023, la Gendarmería Nacional decomisó más de 12 toneladas de marihuana en operativos en el norte del país, según estadísticas oficiales, lo que subraya la urgencia de reforzar estos controles.

Inspiración internacional y contexto político

El gobierno de Milei ha observado con interés las políticas migratorias de Donald Trump durante su mandato en Estados Unidos (2017-2021). Medidas como el refuerzo de fronteras y la restricción de servicios a no residentes, implementadas por Trump, podrían servir como modelo para la legislación argentina. Por ejemplo, el programa «Remain in Mexico» (2019), que obligaba a solicitantes de asilo a esperar en México mientras se procesaban sus casos, comparte similitudes con la idea de rechazar ingresos en frontera. Sin embargo, el contexto argentino, con tratados regionales como el Mercosur, podría limitar la aplicación directa de estas políticas.

La reforma migratoria se enmarca en la agenda libertaria de Milei, que prioriza la reducción del gasto público y la soberanía nacional. En su discurso ante el Congreso, el presidente destacó que «el Estado debe garantizar los recursos para los argentinos primero», una postura que ha generado tanto apoyo entre sus seguidores como críticas de sectores progresistas y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles violaciones a tratados internacionales.

Desafíos legislativos y provinciales

El debate en el Congreso promete ser intenso. La coalición oficialista, encabezada por La Libertad Avanza, cuenta con una minoría en ambas cámaras (38 diputados y 7 senadores de un total de 257 y 72, respectivamente), lo que obligará a negociar con bloques aliados como el PRO o sectores del radicalismo. Paralelamente, el gobierno enfrenta el desafío de alinear a las provincias, muchas de las cuales dependen de la cooperación con países vecinos para el comercio y la seguridad.

En el ámbito educativo, la gratuidad de las universidades públicas para extranjeros ha sido un punto de orgullo en Argentina, que históricamente ha atraído a estudiantes de América Latina. En 2023, cerca de 90.000 extranjeros estudiaban en universidades públicas argentinas, según datos del Ministerio de Educación, con un costo estimado de 50,000 millones de pesos anuales para el Estado. Cambiar esta política podría afectar las relaciones regionales y el prestigio académico del país.

Próximos pasos

El Ejecutivo espera presentar el proyecto formal en las próximas semanas, con el objetivo de que sea aprobado antes del cierre del año legislativo en diciembre de 2025. Mientras tanto, el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, otro tema clave de la agenda de Milei, comenzará en el Congreso la próxima semana, lo que podría competir por la atención legislativa. Con esta reforma migratoria, el gobierno busca enviar un mensaje claro: Argentina priorizará sus recursos y endurecerá su postura frente a la inmigración irregular, un cambio que, de concretarse, marcaría un antes y un después en la política del país.