El Gobierno argentino obliga a los presos a realizar tareas de limpieza en las cárceles

El Gobierno argentino ha establecido la obligatoriedad para todos los internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de participar en tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios. Esta medida, oficializada a través de una resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el 17 de diciembre, dispone que dichas actividades se realicen durante cinco horas diarias y no serán remuneradas.

La resolución encomienda al SPF la elaboración de planes y cronogramas específicos para las tareas asignadas, así como el control de su cumplimiento. El objetivo es que las personas privadas de libertad adopten hábitos orientados al reconocimiento de su responsabilidad individual y contribuyan al mantenimiento de las instalaciones que ocupan.

El Gobierno argumenta que la ociosidad de los internos conlleva un aumento de los índices de violencia y resulta funcional a una subcultura carcelaria vinculada al delito, contraria a la legalidad y a los fines de la reinserción social. Por ello, considera necesario que la totalidad de la población penitenciaria realice actividades para el mantenimiento de los espacios que habitan.

Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad, explicó que los materiales para que los internos realicen dichas tareas serán proporcionados por el SPF. «Todos tienen que participar si, por ejemplo, hay que pintar la celda, el pabellón o hacer mantenimiento de las camas», detalló Curi.

La medida alcanza a los aproximadamente 12.000 internos de los 29 establecimientos que conforman el SPF, sin distinción entre procesados o condenados, ni entre delitos comunes, de alta peligrosidad o de lesa humanidad. El incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en sanciones que impidan a los internos acceder a determinados beneficios.

Patricia Bullrich enfatizó que las cárceles deben ser «sanas y limpias, no para castigos sino para la reinserción», y que el Código Penal establece que las personas privadas de su libertad deben hacerse cargo de mantener las instalaciones penitenciarias.

La ministra adelantó que el objetivo del Gobierno Nacional es “devolverle a la sociedad lo que se le quitó” y reflexionó: “No queremos volver a mandar un delincuente a la calle, pero tampoco queremos que los delincuentes, en vez de trabajar, como hace cualquier persona que todos los días se levanta y toma un tren, un colectivo, monta un caballo o va caminando a su trabajo en cualquier parte del país para cobrar un salario, aquí cobren un salario por no hacer nada. No vamos a aceptar esa injusticia”.

La resolución se enmarca en el programa «Manos a la Obra», lanzado por el Ministerio de Seguridad con el objetivo de que todos los presos trabajen en las cárceles. Este programa busca que los internos devuelvan a la sociedad lo que se les ha quitado y adopten hábitos de responsabilidad y trabajo.

El plan comenzó con una prueba piloto en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza, donde las internas se encargaron del mantenimiento de los edificios, incluyendo tareas de pintura y reparación de instalaciones. Se prevé que esta iniciativa se replique en todas las cárceles federales del país.

La implementación de sistemas biométricos para el control de horarios de trabajo de cada recluso es otra de las medidas contempladas en el programa, con el fin de asegurar el cumplimiento efectivo de las tareas asignadas y promover la disciplina entre los internos.