El Gobierno argentino anunció un aumento salarial en medio del conflicto por el financiamiento de las universidades

En un contexto de creciente tensión entre el Gobierno argentino y las universidades nacionales anunció un aumento salarial del 6,8% para el personal docente y no docente de las universidades públicas.

El incremento informado por el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, se desglosa en un 5,8% adicional al 1% previamente acordado para el mes de octubre.

El anuncio del 7 de octubre se produce en medio de un conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente vetada por el presidente Javier Milei. La ley, que buscaba garantizar un mayor presupuesto para las universidades y una recomposición salarial acorde a la inflación, fue rechazada por el Ejecutivo bajo el argumento de que incrementaría el déficit fiscal.

El comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano subraya que, a pesar del rechazo gremial, el aumento salarial se otorgará como parte del compromiso del Gobierno de priorizar el salario de los trabajadores sobre las disputas políticas. “Este es el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional”, destacó Pettovello.

Uno de los puntos del conflicto es la intención del Ejecutivo de auditar los gastos de las universidades, una medida que las autoridades universitarias consideran una intromisión en su autonomía. En tanto, el gobierno lo considera necesario ya que las universidades se financian con fondos de los contribuyentes.

La tensión ha escalado con la reciente Marcha Universitaria Federal, que reunió a miles de estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y políticos en reclamo de mayor presupuesto y mejoras salariales.

En respuesta a la marcha y al veto presidencial, el Gobierno ajustó su estrategia para intentar obtener el respaldo necesario en el Congreso que le permita sostener el veto. Mientras tanto, continúan las negociaciones con los gremios docentes, aunque hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.

El aumento salarial anunciado también incluye la activación de la Garantía Salarial Docente para los docentes de categorías más bajas, equiparando sus sueldos con los del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario ha puesto en evidencia las profundas divisiones entre el Gobierno y una parte del sector educativo. Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de controlar el gasto público ante la delicada situación fiscal y financiera que experimenta el país, las universidades defienden su autonomía y exigen un financiamiento adecuado.

La situación sigue siendo tensa y se espera que en los próximos días se realicen nuevas reuniones entre el Gobierno y los representantes universitarios para intentar destrabar el conflicto. La comunidad educativa permanece en estado de alerta y no descarta nuevas movilizaciones si no se alcanzan soluciones satisfactorias.

En este escenario, el aumento salarial anunciado por el Gobierno es visto como un intento de calmar las aguas, aunque muchos consideran que es insuficiente para resolver los problemas de fondo. La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario y las auditorías sigue siendo el principal foco de conflicto.