El escándalo de las «vacas fantasma» que sacude a Uruguay
En un campo embarrado en la remota región fronteriza de Artigas, en Uruguay, Sandra Palleiro, una contadora de 60 años, busca desesperadamente 61 vacas que, al menos en papel, le pertenecen. Tras viajar 600 kilómetros desde Montevideo, Palleiro enfrenta la cruda realidad de un escándalo financiero que ha conmocionado al país: un esquema de inversión en ganado, conocido como «bonos de vacas», que colapsó, dejando pérdidas estimadas en 350 millones de dólares y un rastro de «vacas fantasma» que podrían superar las 700,000 cabezas.
Un esquema que parecía seguro
En marzo de 2024, Palleiro invirtió los ahorros de su vida, más de 50 000 dólares, en un programa de inversión ganadera ofrecido por Conexión Ganadera, atraída por promesas de retornos fijos del 7-10% en dólares y materiales promocionales con imágenes idílicas de vacas Hereford. Los inversores podían poseer vacas directamente, que serían criadas y vendidas por empresas ganaderas, o participar en el esquema general. Para Palleiro, una profesional urbana, la idea de un activo tangible respaldado por el prestigioso sistema de trazabilidad ganadera de Uruguay parecía una apuesta segura.
Uruguay, con solo 3.4 millones de habitantes pero 12 millones de vacas, es un modelo global en trazabilidad ganadera. Cada vaca debía llevar una marca gubernamental y estar registrada en un portal estatal que detallaba raza, edad y ubicación. Sin embargo, cuando Palleiro intentó localizar sus vacas, los números de rastreo no coincidían con los animales en el campo. «Es como caer en una pesadilla», confesó, mientras intentaba inútilmente acercarse a las vacas en Artigas.
Un colapso que destapó fraudes
El escándalo involucra a tres empresas principales: Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte, que captaron millones de dólares de casi 6 000 inversores. Estas firmas, ahora bajo investigación por fraude, enfrentan acusaciones de malversación y manipulación de registros. Conexión Ganadera, la mayor de las tres, admitió en enero de 2025 un déficit de casi 250 millones de dólares, atribuyéndolo a condiciones climáticas adversas (como la sequía de 2022-23) y problemas de mercado. Sin embargo, un inventario reveló que de las 804 604 vacas que afirmaba gestionar, solo existían entre 70 000 y 80 000.
El caso dio un giro trágico tras un accidente en noviembre de 2024, cuando Gustavo Basso, co-propietario de Conexión Ganadera, murió al estrellar su Tesla Model 3 a 211 km/h en Florida, Uruguay. La autopsia concluyó que fue un suicidio. Semanas después, los pagos a inversores comenzaron a retrasarse, destapando irregularidades. Actualmente, Pablo Carrasco, co-propietario de Conexión Ganadera, su esposa Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, viuda de Basso, están bajo investigación por fraude y lavado de dinero, con restricciones para salir del país.
Fallos en el sistema y víctimas desesperadas
El escándalo ha generado dudas sobre el sistema de trazabilidad ganadera, considerado un modelo en países como Argentina y Brasil. Abogados de las víctimas, como Nicolás Hornes, que representa a 98 afectados, señalan que las empresas eran responsables de registrar los datos en el sistema nacional, pero no había controles efectivos. Algunos alegan que las vacas nunca fueron compradas, que se vendieron ilegalmente o que sus marcas fueron alteradas. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) no ha comentado al respecto.
Entre los afectados hay políticos, jubilados, sacerdotes y hasta presentadores de radio como Martín Fablet, quien invirtió durante 12 años en Conexión Ganadera y describe a Basso como un «encantador de serpientes». Fablet, como muchos, duda que los 250 millones de dólares hayan desaparecido sin dejar rastro.
Un impacto regional y un clamor por justicia
El caso ha enviado ondas de choque a Argentina, Brasil y Colombia, donde operan esquemas similares. En Uruguay, las víctimas exigen respuestas y justicia. Palleiro, quien trabajó hasta en tres empleos para ahorrar, expresó su indignación: «Pusimos todos nuestros ahorros, que nos costaron mucho esfuerzo. Ahora queremos justicia».
Mientras las investigaciones avanzan, con un ejecutivo de Grupo Larrarte en prisión preventiva y negociaciones con acreedores en curso, el futuro de los inversores sigue incierto. En los campos de Artigas, donde drones muestran apenas 80 vacas en lugar de cientos, Palleiro y otros buscan no solo sus animales, sino también la verdad detrás de uno de los mayores fraudes en la historia de Uruguay.
