El Departamento de Justicia de EE. UU. ordena intensificar la ofensiva contra Antifa y grupos extremistas
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, instruyó este jueves a las agencias federales a reforzar las investigaciones contra el movimiento antifa y otras organizaciones consideradas extremistas. La orden exige priorizar casos vinculados al terrorismo doméstico y trazar un mapa completo de entidades que pudieran estar involucradas en actividades criminales coordinadas.
El documento fue enviado a fiscales y agencias federales y constituye la directiva más amplia desde que el presidente Donald Trump firmó este año la orden que designa a Antifa como organización terrorista, comprometiéndose a enfrentar de manera frontal a grupos de extrema izquierda tras el asesinato de Charlie Kirk.
Antifa bajo la lupa federal
Antifa —un grupo agitador que agrupa células y activistas de la izquierda radical— ha sido señalado durante años por su participación en protestas violentas, sabotajes, ataques a instituciones y campañas de hostigamiento ideológico. El movimiento mantiene redes organizadas que, según organizaciones de seguridad y expertos en extremismo, actúan con tácticas similares a las de células violentas.
En el memorando, Bondi fue categórica al describir las motivaciones de estos grupos:
“Estos terroristas domésticos utilizan la violencia o la amenaza de violencia para avanzar agendas políticas y sociales, incluyendo oposición a la ley y al orden migratorio; promoción de fronteras abiertas; adhesión a ideologías radicales de género; antiamericanismo, anticapitalismo y anticristianismo”.
FBI obligado a avanzar en investigaciones profundas
La fiscal general instruyó a las Fuerzas de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI a priorizar investigaciones sobre cualquier acto que pudiera vincularse con terrorismo doméstico. Además, ordenó revisar archivos, informes y material de inteligencia que ayude a identificar redes, financiamiento, posibles delitos fiscales y operaciones coordinadas.
La medida también exige revisar incidentes de los últimos cinco años, incluyendo doxxing de oficiales, amenazas contra jueces de la Corte Suprema y ataques a instituciones públicas, acciones que en varios casos han sido reivindicadas por activistas vinculados a la izquierda radical.
Desmantelar redes y fortalecer la defensa interna
Tras la recopilación de datos, el FBI deberá elaborar un listado de grupos potencialmente involucrados en terrorismo doméstico y diseñar estrategias similares a las utilizadas contra organizaciones criminales violentas, con el objetivo de “interrumpir y desmantelar redes completas de actividad criminal”, según el texto.
El plan también incluye una directiva financiera: las oficinas del Departamento de Justicia encargadas de otorgar subvenciones deberán priorizar fondos a estados y municipios con programas orientados a prevenir y enfrentar el terrorismo interno.
Asimismo, Bondi ordenó modernizar la línea de denuncias del FBI para facilitar que ciudadanos y periodistas puedan enviar material audiovisual que documente posibles actos extremistas.
Una señal de endurecimiento frente al extremismo político
La ofensiva federal marca un cambio claro en la postura del gobierno ante grupos que, bajo la bandera del “antifascismo”, han promovido acciones violentas, discursos de odio contra instituciones y campañas de intimidación contra ciudadanos que no comparten su ideología.
Mientras el Departamento de Justicia no respondió de inmediato los pedidos de comentario, el mensaje de Bondi es contundente: Estados Unidos reforzará la protección interna ante los grupos que utilicen la violencia política como herramienta, sin excepciones y con una prioridad explícita hacia el extremismo de izquierda.
