«El curro de los DDHH»: El gobierno de Milei suspenderá indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado que presenten irregularidades

En una declaración emitida este lunes, el titular de la cartera de Justicia de Argentina, Mariano Cúneo Libarona, informó que se suspenderán los pagos en concepto de indemnizaciones a aquellos individuos víctimas del terrorismo de Estado, pero que no puedan respaldar adecuadamente sus reclamos. La iniciativa buscará recuperar los fondos que hayan sido cobrados de manera indebida.

La medida va en línea con el revisionismo histórico que propone el actual gobierno de Javier Milei a los hechos ocurridos durante la última dictadura militar comprendida entre los años 1976 y 1983, de los cual algunos sectores han sacado provecho político y económico en lo que, desde la cúpula libertaria, llaman “el curro de los DD.HH.”. 

La decisión de llevar a cabo una auditoría exhaustiva de todos los pedidos realizados en en concepto de reparación patrimonial para las víctimas del terrorismo de Estado, surge tras la detección de  “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”de estos beneficios. 

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial del ministro en la red social X del ministro, bajo la resolución ministerial N RS – 2024 – 40979055 – APN – MJ, que implica una revisión integral de los casos en los que se haya hecho uso de estas leyes de reparación. 

«Dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado», escribió el funcionario. 

La justificación para la medida se basa en el descubrimiento de diversas irregularidades, destacando el caso judicial «Martínez Moreira, Adrián y otros sobre defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita», confirmado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal. 

Este caso expone cómo algunas personas habrían falsificado información para obtener indebidamente las compensaciones del Estado. «Descubrimos distintos juicios con auto-procesamientos confirmados por la Cámara de asociaciones ilícitas de gente que inventaba a través de documentos, testigos o formularios falsos», expresó el abogado a cargo del Ministerio de Justicia en una entrevista con LN+. 

Según él, las prácticas fraudulentas no son casos aislados, sino que representan una problemática más extendida de la que se tiene conocimiento. El funcionario indicó que se habrían identificado “más de 100 casos” fraudulentos, que han recibido sumas de más de 150 mil dólares como compensación.

Esta situación ha llevado a la decisión de suspender los pagos, auditar y emprender acciones legales para recuperar los fondos indebidamente cobrados. «Vamos a intimarlos para que devuelvan el dinero que se robaron. Y en caso de que ya lo hayan introducido al mercado, eso puede devenir también en un delito para lavado de activos”, sentenció.

Cúneo Libarona también informó que el Estado argentino hasta el momento ha otorgado un total de 7.996 indemnizaciones a víctimas del terrorismo y ha compensado a 14.400 casos de exiliados. 

La medida fue respaldada por la vicepresidente Victoria Villarruel quien ha expresado su apoyo a la iniciativa tanto durante su campaña como ahora en el rol de mandataria. 

“Lo dije en campaña. Hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DD.HH. que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones”, señaló a través de sus redes sociales. “Celebro la decisión del ministro Cuneo Libarona y del Presidente”, completó.