El Comité de Supervisión de la Cámara considera “inválidas” varias órdenes firmadas por Biden y exige una investigación del Departamento de Justicia
El Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes publicó su informe final sobre el uso del autopen —un dispositivo que replica firmas de forma automática— durante la presidencia de Joe Biden. El panel, presidido por el republicano James Comer, concluyó que al menos algunas órdenes ejecutivas y medidas de clemencia firmadas mediante este mecanismo carecen de validez legal y solicitó al Departamento de Justicia abrir una investigación formal.
Sospechas sobre decisiones sin consentimiento presidencial
La investigación, iniciada a principios de 2025, analizó si el expresidente Biden utilizó el autopen para autorizar indultos, conmutaciones y otras órdenes ejecutivas en sus últimos meses de mandato. Tras tres meses de entrevistas a altos funcionarios de la Casa Blanca, el comité determinó que no existen registros claros que prueben que Biden personalmente aprobó todas las acciones firmadas a su nombre.
“El uso del autopen se convirtió en una herramienta para mantener a flote una presidencia debilitada”, señala el documento de 90 páginas titulado La Presidencia de Biden Autopen: Decadencia, engaño y decepción en la Casa Blanca.
El texto acusa al entorno más cercano del exmandatario de haber ocultado su deterioro cognitivo y físico, actuando en su nombre sin constancia documental de su consentimiento.
Comer: “Un escándalo político sin precedentes”
El congresista James Comer afirmó que los hallazgos del comité revelan “uno de los mayores escándalos políticos de la historia moderna de Estados Unidos”.
“Mientras los estadounidenses veían el declive del presidente, su círculo íntimo intentó engañar al público, encubrir su deterioro y ejecutar acciones no autorizadas mediante el autopen. Esas órdenes son nulas”, declaró Comer.
El legislador pidió al Departamento de Justicia que revise y, si corresponde, anule todas las medidas ejecutivas y de clemencia firmadas con el autopen sin documentación de aprobación directa de Biden.
Funcionarios que se ampararon en la Quinta Enmienda
Entre los funcionarios entrevistados se encuentran dos jefes de gabinete —Ron Klain y Jeff Zients—, la secretaria de personal Neera Tanden, la asesora Anita Dunn, el médico presidencial Dr. Kevin O’Connor, y miembros del entorno de la primera dama Jill Biden.
Tanto el Dr. O’Connor como la jefa de gabinete de la primera dama, Annie Tomasini, y el asistente presidencial Anthony Bernal invocaron la Quinta Enmienda para no responder preguntas sobre el uso del autopen o sobre el estado de salud del expresidente.
El informe acusa a O’Connor de haber “participado en un encubrimiento médico” al negarse a realizar pruebas cognitivas y emitir informes “incompletos y engañosos” sobre la capacidad mental de Biden para ejercer el cargo.
Falta de control y registros incompletos
El comité documentó múltiples deficiencias en la cadena de custodia y en la documentación de decisiones presidenciales. Según las entrevistas, no existían procedimientos uniformes para autorizar el uso del autopen, y en algunos casos, las órdenes se aprobaron verbalmente o sin registro escrito.
Zients admitió que el sistema “no era preciso” y que las autorizaciones verbales eran frecuentes.
Uno de los puntos más polémicos fue el uso del autopen para indultar a miembros de la familia Biden el 19 de enero de 2025, en las horas finales de su presidencia. El comité sostiene que no hay pruebas contemporáneas de que Biden estuviera presente o diera aprobación directa para esos indultos.
Recomendaciones del Comité
El informe recomienda al Departamento de Justicia:
- Revisar todas las acciones ejecutivas e indultos emitidos bajo la firma del autopen.
- Determinar si deben anularse actos presidenciales realizados sin aprobación personal del exmandatario.
- Investigar a los asesores que “pudieron haber actuado en nombre del presidente” sin autoridad legal.
“La Constitución es clara: sólo el presidente puede ejercer el poder de conceder indultos. Si otros actuaron en su nombre, esas decisiones son nulas”, concluye el documento.
