EE.UU. impone sanciones al juez Moraes y sube aranceles a Brasil por violaciones de derechos humanos
El gobierno de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones económicas contra Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema de Brasil que lidera el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro. Las medidas fueron tomadas bajo la Ley Global Magnitsky, una legislación que permite sancionar a funcionarios extranjeros implicados en corrupción o abusos de derechos humanos.
Según el Departamento del Tesoro, Moraes es responsable de una “campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias y procesamientos politizados”, incluyendo los cargos presentados contra Bolsonaro por presuntamente planear un intento de golpe para desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.
Como parte de las sanciones, se congelan los activos que el magistrado pudiera tener en territorio estadounidense y se prohíbe a ciudadanos y empresas de EE.UU. mantener relaciones comerciales con él. Además, el gobierno estadounidense impuso restricciones de visado a Moraes, a su familia y a otros funcionarios judiciales.
La presión desde Washington se intensificó tras las más recientes medidas judiciales impuestas contra Bolsonaro, a quien Moraes ordenó utilizar una tobillera electrónica, evitar contactos con funcionarios extranjeros y abstenerse de usar redes sociales. El expresidente brasileño calificó a Moraes de “dictador” y tildó las decisiones judiciales como actos de “cobardía”.
El mismo miércoles, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone un arancel adicional del 40% a las importaciones provenientes de Brasil. En una publicación oficial, la Casa Blanca señaló que la medida responde a “amenazas del gobierno de Brasil” y busca “salvaguardar los intereses de Estados Unidos” frente a “violaciones a los derechos humanos”.
“El juez Alexandre de Moraes se ha convertido en juez y parte en una cacería de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas de Estados Unidos y Brasil”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al anunciar las sanciones.
Aunque el gobierno brasileño rechazó enérgicamente las medidas, calificándolas de “arbitrarias” e “inaceptables”, desde Washington se mantiene la postura de que se trata de una defensa de los principios democráticos y los derechos fundamentales.
Mientras tanto, analistas como el profesor Ivar Hartmann advirtieron que esta confrontación podría reforzar la actitud del Supremo Tribunal Federal en defensa de su independencia, al tiempo que las sanciones podrían servir como fundamento adicional para la imposición de nuevos aranceles desde Estados Unidos.
En un contexto de creciente tensión bilateral, Brasil —uno de los pocos países con los que Estados Unidos mantiene un superávit comercial— podría enfrentar un endurecimiento de sus relaciones con Washington si persiste el actual curso judicial contra Bolsonaro.
