EE. UU. impone sanciones a funcionarios tailandeses por deportar uigures a China

El viernes 14 de marzo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció sanciones contra funcionarios de Tailandia, un país aliado de Washington, por su participación en la deportación de al menos 40 uigures a China. Según el Departamento de Estado, esta medida busca contrarrestar los esfuerzos de China por presionar a gobiernos extranjeros para que devuelvan por la fuerza a miembros de esta minoría musulmana y otros grupos, quienes enfrentan persecución, tortura y desapariciones forzadas en territorio chino.

«Estados Unidos está comprometido a combatir las acciones de China que obligan a los gobiernos a repatriar a uigures y otros grupos vulnerables», afirmó el Departamento de Estado en un comunicado. Rubio, por su parte, destacó que las restricciones de visa se aplicarán de inmediato a funcionarios tailandeses, actuales y pasados, responsables o cómplices de la deportación ocurrida el 27 de febrero, y podrían extenderse a sus familiares. Esta decisión parece destinada a disuadir a Tailandia y otros países de realizar acciones similares en el futuro.

Sin embargo, la represión del Partido Comunista Chino (PCCh) no se limita a la etnia uigur. Numerosos testimonios, investigaciones y alegatos han revelado que practicantes de la disciplina espiritual Falun Dafa (también conocida como Falun Gong), así como otras minorías religiosas, son también víctimas de una brutal persecución. Organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, torturas y, de manera particularmente alarmante, un lucrativo negocio de extracción forzada de órganos. Según el informe Cosecha Sangrienta (Bloody Harvest) de David Kilgour y David Matas, publicado en 2006 y actualizado en años posteriores, existen pruebas contundentes de que presos de conciencia, incluidos practicantes de Falun Gong, son sometidos a la extracción de órganos sin su consentimiento ni el de sus familias, alimentando un mercado negro multimillonario orquestado por el PCCh.

La deportación de los uigures por parte de Tailandia, quienes llevaban una década detenidos en el país, ocurrió a pesar de las advertencias de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, quienes señalaron el riesgo de tortura y «daños irreparables». Reuters informó que Canadá y Estados Unidos ofrecieron reasentar a 48 uigures, pero Bangkok, temeroso de incomodar a China, optó por la repatriación. China, por su parte, niega las acusaciones de abuso y trabajo forzado, afirmando que sus «centros de formación vocacional» buscan combatir el terrorismo y el separatismo.

Tailandia defendió su decisión el sábado, asegurando haber recibido garantías de China sobre la seguridad de los uigures deportados y destacando su «larga tradición humanitaria». Sin embargo, el Parlamento Europeo condenó esta semana la acción tailandesa, instando a la Unión Europea a usar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio como herramienta para prevenir futuras deportaciones.

Murray Hiebert, experto en el sudeste asiático del Center for Strategic and International Studies, señaló que no recuerda sanciones previas de Estados Unidos contra funcionarios tailandeses, aunque el país ha enfrentado medidas como la suspensión de ayuda militar tras golpes de Estado. Analistas sugieren que Washington ha evitado castigos más severos contra Tailandia para no empujarla hacia una alianza más estrecha con China, especialmente en un contexto donde el presidente Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a países con grandes superávits comerciales con Estados Unidos.

La organización Campaign for Uyghurs, con sede en Washington, aplaudió las sanciones de Rubio, afirmando que «envían un mensaje claro: quienes faciliten los abusos del PCC enfrentarán consecuencias». Rubio, quien como senador fue un firme defensor de los uigures, reiteró que el trato de Beijing hacia este grupo constituye «genocidio y crímenes contra la humanidad», una designación oficializada por Estados Unidos en 2021.

La persecución del PCCh, que abarca a uigures, practicantes de Falun Dafa y otras minorías, pone de manifiesto una política sistemática de represión y violación de derechos humanos. Las sanciones estadounidenses son un paso significativo, pero el alcance de estas atrocidades, incluyendo la sustracción forzada de órganos, exige una respuesta global más contundente para frenar las acciones de un régimen que continúa desafiando los principios básicos de humanidad.