Ecuador frustra atentado contra el presidente Daniel Noboa: cinco detenidos serán procesados por terrorismo

El Gobierno de Ecuador confirmó la detención de cinco personas acusadas de participar en un intento de atentado contra el presidente Daniel Noboa durante una visita oficial a la provincia de Cañar. Los hechos ocurrieron el martes 7 de octubre, cuando una multitud de alrededor de 500 personas atacó la caravana presidencial con lanzamiento de piedras y proyectiles; posteriormente se detectaron impactos de bala en el vehículo del mandatario, según informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

Manzano señaló que se presentó una denuncia formal por intento de asesinato contra el presidente y afirmó: “Antes de que el mandatario llegara al estadio del Tambo, un grupo de personas lanzó piedras y se registraron orificios de bala en su vehículo. Gracias a Dios, nuestro presidente está bien y continúa con su agenda con valentía”. La ministra agregó que los detenidos serán procesados por delitos de terrorismo y que “esto no quedará impune”.

En un comunicado publicado en la red social X, la Presidencia de la República afirmó que, pese al ataque contra la caravana, los “desestabilizadores no lograron detener al Gobierno Nacional”. El tuit oficial destacó que la comitiva se dirigía a anunciar y entregar obras y financiamientos destinados a beneficiar a comunidades locales: la construcción de una planta de tratamiento por USD 4,5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes; la entrega del sistema de alcantarillado de Sigsihuayco por USD 891.000; y el convenio de financiamiento para la construcción del sistema de alcantarillado de Quilloac por USD 815.000.

Según el texto oficial, los agresores, “obedeciendo órdenes de radicalización”, atacaron una caravana en la que viajaban civiles con el objetivo de impedir la entrega de obras destinadas a mejorar la vida de la comunidad. La Presidencia concluye: “Nosotros hacemos lo que nos corresponde y no nos pueden detener: llegar a cada rincón del país, donde las familias necesitan obras, servicios y la presencia de su Presidente. Todos los detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato.”

El ataque tuvo lugar en el contexto de una movilización convocada por sectores indígenas y campesinos, liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que hace 16 días inició un paro y bloqueos en protesta por la eliminación de subsidios al diésel. CONAIE denunció que, durante la intervención policial y militar para despejar la movilización, se produjo una “represión brutal” que afectó a civiles, incluidas personas mayores. Desde el Gobierno, en cambio, se describe lo sucedido como una acción violenta y premeditada por grupos que buscan desestabilizar.

La eliminación del subsidio al diésel, impulsada por el Ejecutivo y firmada por el presidente Noboa en septiembre, busca liberar recursos —el Gobierno estima cerca de USD 1.1 billón anual— para redistribuirlos en compensaciones a pequeños productores y al transporte. Críticos de la medida sostienen que elevará el costo de vida y afectará especialmente a pequeños agricultores y comunidades indígenas, mientras que el Gobierno insiste en que la reforma es necesaria para sanear finanzas públicas y financiar programas sociales.

Desde que asumió en 2023, Noboa ha promovido una política de mano dura contra el crimen organizado y ha hecho uso de estados de excepción en provincias con problemas de orden público. Tras la agresión en Cañar, el mandatario reafirmó su línea de firmeza: “Los que quieren destruir nuestra patria, nuestra libertad y nuestra democracia recibirán una respuesta definitiva”, dijo en declaraciones públicas en meses recientes al asumir su nuevo mandato.

Las autoridades judiciales confirmaron que los cinco detenidos serán imputados por terrorismo e intento de asesinato. Mientras tanto, las fuerzas del orden mantienen operativos en la zona para evitar nuevos disturbios y garantizar la seguridad en los actos oficiales.

El incidente, ocurrido pocos meses después de la reelección de Noboa, subraya los desafíos de seguridad y gobernabilidad que encara su administración. Para el Ejecutivo, el episodio refuerza la necesidad de mantener presencia estatal y continuar con la implementación de obras públicas en zonas rurales; para los movimientos sociales, en cambio, evidencia la tensión política y social que genera una reforma de subsidios percibida como perjudicial para sectores vulnerables.