Ecuador aprueba reforma constitucional que permite bases militares extranjeras para combatir el crimen organizado
El martes, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, eliminando la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país. La medida, impulsada por el presidente Daniel Noboa, busca fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
La reforma recibió 82 votos a favor, 60 en contra y seis abstenciones en el Parlamento unicameral de 151 miembros.
La propuesta ahora deberá ser sometida a un referéndum nacional, cuya fecha será determinada por el Consejo Nacional Electoral. El presidente Noboa, quien asumió su mandato completo el 24 de mayo pasado, ha enfatizado la necesidad de colaboración internacional para enfrentar las redes de narcotráfico que operan a nivel transnacional.
Durante el debate legislativo, la asambleísta oficialista Nataly Morillo destacó que la reforma permitirá al Estado ecuatoriano dar «un paso importante en su lucha contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas y toda la violencia que emerge de estos mercados criminales que afecta a la vida cotidiana de nuestras familias».
La aprobación de la reforma contó con el respaldo de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC), una facción del movimiento indígena Pachakutik y algunos legisladores independientes.
La reforma constitucional representa un cambio significativo respecto a la política establecida en 2008, cuando el entonces presidente Rafael Correa impulsó una enmienda que prohibía la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador. Esta decisión llevó al cierre de la base estadounidense en la ciudad costera de Manta en 2009.
La propuesta de Noboa ha generado debate en el país. Mientras sus partidarios argumentan que la cooperación internacional es esencial para enfrentar el crimen organizado, la oposición sostiene que la presencia militar extranjera no resolverá por sí sola los problemas de seguridad y que se requiere una estrategia integral para combatir la delincuencia.
El proceso de reforma constitucional en Ecuador establece que, tras la aprobación legislativa, la propuesta debe ser revisada por la Corte Constitucional y posteriormente sometida a referéndum popular. Este mecanismo garantiza que cambios fundamentales en la Carta Magna cuenten con el respaldo ciudadano.
La iniciativa de permitir bases militares extranjeras se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Ecuador. En enero de 2024, el país vivió una escalada de violencia sin precedentes, incluyendo motines carcelarios, secuestros de policías y atentados explosivos. Ante estos hechos, el presidente Noboa declaró la existencia de un «conflicto armado interno» y ordenó a las Fuerzas Armadas neutralizar a los grupos del crimen organizado, catalogándolos como organizaciones terroristas.
La posibilidad de establecer bases militares extranjeras en Ecuador ha sido objeto de interés por parte de Estados Unidos. Según informes, funcionarios ecuatorianos expresaron su interés en albergar una base estadounidense y discutieron el asunto informalmente con el presidente Donald Trump.
