Dura batalla legal para prohibir la venta de popular píldora abortiva en EE. UU.

En lo que parece ser una pelea legal, los grupos antiaborto han desafiado a la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. por la venta continua de la droga responsable de más de la mitad de los embarazos interrumpidos artificialmente en todo el país.

La semana pasada, el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Amarillo, Texas, formó el escenario en el que el juez Matthew Kacsmaryk puede decidir retirar el permiso de venta de la píldora abortiva Mifepristone, que ha estado en el mercado durante más de 22 años. La decisión puede tener amplias consecuencias incluso en los estados donde el aborto es actualmente legal.

El caso tiene todos los ingredientes para convertirse en el nido de avispas legal más extenso sobre el asunto desde que la Corte Suprema de EE. UU. revocó el año pasado el fallo Roe v. Wade de 1973 que estableció el derecho federal al aborto.

Sorprendentemente, la apuesta con la que los grupos provida entraron en la arena no se basó en el rechazo de la práctica del aborto en sí, sino en las preocupaciones de seguridad sobre el medicamento y los procedimientos de prueba descuidados antes de lanzar la sustancia al mercado en 2000. 

La mifepristona forma parte de un régimen de dos fármacos junto con el misoprostol, que representa más de la mitad de los abortos en EE.UU. Los demandantes señalaron la supuesta inseguridad del inductor del aborto, especialmente en el caso de las menores de 18 años.

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Cualquiera que sea el fallo del Tribunal de Distrito, será la primera vez que el poder judicial tendrá un impacto de tan largo alcance en el proceso regulatorio de la agencia en el futuro.

La FDA no entró en detalles sobre el litigio o sus próximos pasos. Según Reuters, según conversaciones con nueve expertos, incluidos seis que firmaron un informe presentado en el caso de Texas, la FDA todavía tiene algunas herramientas para mitigar el impacto en caso de un embargo ordenado por la corte sobre la sustancia asesina de bebés. 

No obstante, las fuentes citadas por la agencia de prensa sí subrayaron que cualquiera de esos instrumentos podría constituir un posible riesgo legal y político tanto para la agencia como para los fabricantes y proveedores del fármaco. Sin embargo, es probable que cualquier decisión en el caso sea apelada.

Por lo general, al evaluar cualquier revocación de endoso de medicamento, la oficina entraría en un extenso tramo de primera celebración de una audiencia informal seguida de una extensa preparación de documentación y reunión de varios comités de consulta.

Posibles resultados

Si el juez Kacsmaryk se atreve a anular la decisión de la Administración de Drogas y Alimentos y exigirle que reevalúe su luz verde sobre la aprobación de la droga e ingrese a un proceso prolongado durante el cual la píldora no sería aprobada médica o legalmente, pero aún estaría completamente disponible en farmacias o en línea.

Incluso si los tribunales superiores confirman una decisión contra la FDA, la agencia podría ayudar a evitar que la mifepristona se retire inmediatamente del mercado, alegaron los académicos citados por Reuters. El acceso continuo a la píldora dependería de cuánto riesgo legal estuvieran dispuestos a asumir los fabricantes y vendedores.

“Si la Corte Suprema dice que este es un medicamento inseguro, en ese momento los riesgos legales aumentan enormemente, sin importar lo que haga la FDA”, dijo Greer Donley, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh. 

Tire y afloje legal

Según I. Glenn Cohen, catedrático de Derecho de Harvard, una prohibición suele estar provocada por estudios realizados después de que la cura haya sido aprobada y lanzada al mercado.

En tal escenario, los productores de agentes abortivos probablemente desafiarían el boicot legalmente, por lo que la FDA podría querer mantener disponible la mifepristona, dijo Greer Donley, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh.

Si el juez adopta una postura más estricta sobre el asunto, ordena explícitamente una medida cautelar sobre el remedio y rescinde la licencia, la FDA aún podría pretender que nunca sucedió y aún así no hacer cumplir la restricción.

Eso podría significar que la agencia podría renunciar a tomar medidas para evitar la ampliación de las ventas de mifepristona. O bien, la FDA podría redoblar la apuesta y declarar públicamente que se abstendría de tomar tales medidas.

Si ese fuera el caso, la FDA también podría ser procesada por partidos o funcionarios antiabortistas por no cumplir la sentencia, al igual que los fabricantes y vendedores de mifepristona por seguir comercializándola.

Reuters contribuyó a este informe