De Moraes mantiene el arresto domiciliario de Bolsonaro pese a la falta de cargos formales
El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, volvió a colocarse en el centro de la polémica al ordenar este lunes la continuidad del arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece recluido desde agosto por presuntas violaciones a medidas restrictivas en una causa en la que, paradójicamente, aún no enfrenta cargos formales.
Según documentos judiciales citados por Reuters, De Moraes consideró que mantener al exmandatario bajo arresto era “necesario y apropiado” debido a los “riesgos demostrados por su condena” en otro proceso y sus supuestas “reiteradas violaciones de medidas cautelares”.
Bolsonaro fue condenado el mes pasado a 27 años y tres meses de prisión por un presunto plan de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022, una causa que sus defensores califican como una persecución política disfrazada de justicia. En el proceso paralelo por el cual se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario, se le acusa de haber intentado persuadir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para interferir en la investigación.
Sin embargo, su equipo legal subraya que en esa causa no existen cargos formales ni acusación fiscal. “Si no hay acusación ni acción penal, no hay proceso que proteger ni pena futura que garantizar con estas medidas cautelares”, afirmó su abogado Paulo Cunha Bueno en un mensaje publicado en X.
Un fallo con aroma a revancha política
La decisión de De Moraes ha sido interpretada por sectores conservadores como una muestra más del uso político del Poder Judicial brasileño. Desde hace años, el magistrado —miembro del ala más intervencionista del STF— ha mantenido una línea dura contra Bolsonaro y sus aliados, imponiendo censuras, allanamientos y detenciones preventivas bajo argumentos de “protección del orden democrático”.
Para los críticos, esa postura ha derivado en una justicia de doble estándar, que persigue con rigor a figuras opositoras mientras muestra indulgencia hacia sectores afines al oficialismo de Luiz Inácio Lula da Silva. Incluso en el plano internacional, la situación ha generado tensiones: el presidente estadounidense Donald Trump calificó el caso como una “cacería de brujas” y respondió con fuertes sanciones económicas contra Brasil, incluyendo aranceles a las exportaciones y la revocación de visados a funcionarios judiciales.
Un proceso cada vez más cuestionado
El fallo de este lunes prolonga una medida que muchos consideran arbitraria y sin sustento legal. Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario sin sentencia firme en el caso que lo motivó y sin pruebas concluyentes de que haya intentado interferir con la justicia.
Sus seguidores sostienen que De Moraes actúa como juez y parte, y que su proceder socava la independencia judicial al servicio de una agenda política destinada a eliminar al principal líder de la oposición brasileña.
En medio de esta creciente controversia, el futuro judicial y político de Jair Bolsonaro sigue siendo incierto. Pero para una parte importante de la sociedad brasileña, lo que está en juego va mucho más allá de un nombre: es la credibilidad misma del Estado de Derecho en Brasil, hoy percibido por muchos como un terreno donde la justicia se ha convertido en arma política.
