Corte de apelaciones de EE.UU. mantiene suspendida la ley de seguridad fronteriza de Texas en una victoria para Biden

Una corte de apelaciones de EE.UU. mantiene suspendida una ley respaldada por los republicanos en Texas que permitiría a las autoridades estatales arrestar y procesar a las personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera entre EE.UU. y México, un estatuto que la administración del presidente Joe Biden argumenta que invade la autoridad del gobierno federal.

En una decisión de 2-1 el martes por la noche, un panel de la Corte de Apelaciones del 5° Circuito con sede en Nueva Orleans deniega una solicitud de Texas para dejar que la ley entre en vigencia mientras la apelación del estado contra una decisión judicial que la bloquea se desarrolla en la corte de apelaciones.

La ley, formalmente llamada S.B. 4, se convierte en un punto candente en una batalla más amplia entre Texas y la administración Biden sobre la seguridad fronteriza y la inmigración. Convierte en un delito estatal ingresar o reingresar ilegalmente a Texas desde un país extranjero y otorga poder a los jueces estatales para ordenar que los infractores abandonen Estados Unidos, con penas de prisión de hasta 20 años para quienes se nieguen a cumplir.

La acción del panel del 5° Circuito es la más reciente de tres decisiones rápidas sobre el estado de la ley. La Corte Suprema la semana pasada permite que entre en vigor, pero el panel del 5° Circuito horas después restablece la injunción de febrero del juez federal David Ezra que bloquea su aplicación.

Ezra, con sede en Austin, cita una decisión de la Corte Suprema de 2012 sobre una ley de Arizona que establece que los estados no pueden adoptar medidas de aplicación de la inmigración que choquen con la ley federal.

El panel del 5° Circuito tiene programado escuchar los argumentos sobre el fondo de la apelación del estado el 3 de abril.

La demanda de la administración Biden, presentada en enero, argumenta que la medida viola la Constitución de EE.UU. y la ley federal al interferir con el poder del gobierno de EE.UU. para regular la inmigración, además de contradecir la decisión de la Corte Suprema de 2012.

La administración dice que la inmigración es competencia exclusiva del gobierno federal y que la ley de Texas trastornaría la aplicación de las complejas leyes de EE.UU. que establecen procedimientos para la deportación y permiten a los migrantes solicitar asilo y otros estatus legales.

La inmigración y la seguridad a lo largo de la frontera con México son temas candentes para los votantes antes de las elecciones del 5 de noviembre en EE.UU. en las que el presidente demócrata busca un segundo mandato. Donald Trump, el candidato republicano que lo desafía, impulsa políticas migratorias más restrictivas para su presidencia.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, un férreo crítico de las políticas migratorias de Biden, promulgó la ley en diciembre, diciendo que es un paso necesario para abordar un aumento en los ingresos ilegales. Funcionarios de Texas culpan a Biden por un aumento en los cruces fronterizos ilegales que, según dicen, drena los recursos estatales y amenaza la seguridad pública.

La administración Biden dice que la interferencia de Texas y otros estados solo agrava el problema en la frontera.

Esta y otros críticos de la ley de Texas dicen que los migrantes que cruzan la frontera ya pueden ser acusados ​​de ingreso o reingreso ilegal bajo las leyes federales.

El desafío a la ley de Texas es una de una serie de disputas legales entre los funcionarios estatales republicanos y la administración Biden sobre la capacidad del estado para vigilar la frontera, incluida la colocación de alambre de púas y la instalación de una barrera flotante de 1000 pies (300 m) de largo en el río Bravo.

Legisladores de Iowa aprobaron el 19 de marzo una ley similar a la medida de Texas que espera la firma del gobernador republicano del estado. Varios otros estados consideran permitir el arresto de personas sospechosas de estar ilegalmente en EE.UU.

(Reuters)