Corte de apelaciones avala medida de Trump que limita fondos a Planned Parenthood
Un tribunal federal de apelaciones autorizó este jueves al gobierno del presidente Donald Trump a implementar una disposición de su nueva ley de impuestos y gastos que restringe a Planned Parenthood y sus afiliados el acceso a fondos de Medicaid si continúan ofreciendo servicios de aborto.
La decisión fue adoptada por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, que dejó sin efecto una medida cautelar emitida en julio por la jueza federal Indira Talwani. En ese momento, la magistrada había considerado que la disposición probablemente violaba la Constitución al enfocarse específicamente en las clínicas de Planned Parenthood.
La norma, parte de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act y aprobada por el Congreso controlado por los republicanos, establece que las organizaciones exentas de impuestos que realicen abortos no podrán recibir fondos de Medicaid.
Planned Parenthood había demandado para frenar la aplicación de la medida, advirtiendo que podría forzar el cierre de casi 200 de sus centros en 24 estados, lo que afectaría a más de 1,1 millones de pacientes que utilizan Medicaid para acceder a sus servicios.
El Departamento de Justicia defendió la constitucionalidad de la disposición, argumentando que los jueces no deberían anular la decisión de las ramas democráticamente electas del gobierno de que “los fondos de los contribuyentes no se utilicen para subsidiar entidades que practican abortos, una conducta que muchos estadounidenses consideran moralmente inaceptable”.
En su fallo, el panel de apelaciones —integrado por tres jueces designados por el presidente Joe Biden— no ofreció explicaciones detalladas sobre la suspensión de la orden de Talwani.
La administración también señaló que la jueza había recurrido a un razonamiento “débil” al considerar la disposición como un posible bill of attainder —un tipo de legislación que castiga a personas o grupos sin juicio previo, prohibido expresamente por la Constitución—. Según el gobierno, retirar subsidios federales no se asemeja a las sanciones históricamente asociadas con esa cláusula, como la pena de muerte, el destierro o el encarcelamiento.
Planned Parenthood anunció que continuará con su batalla legal. “Aunque esta corte haya permitido que la ley impacte en nuestros pacientes, seguiremos luchando contra esta disposición inconstitucional”, expresó Alexis McGill Johnson, presidenta de la organización.
El caso ahora seguirá su curso judicial, mientras el gobierno de Trump avanza con la implementación de una política que refleja una de las prioridades centrales de su agenda: impedir el uso de fondos públicos para financiar entidades vinculadas al asesinato de bebés no nacidos.
