Comparece ante la corte el empleado de mantenimiento de Trump en caso de documentos clasificados

Carlos de Oliveira, el nuevo imputado en el caso del supuesto mal manejo de documentos clasificados por parte del expresidente Donald Trump, ha comparecido ante la corte federal de Miami, en Florida. El hombre enfrenta cargos federales por obstrucción de la justicia y se le acusa de ordenar que se borraran las imágenes de las cámaras de seguridad que estaban buscando los investigadores.

Sobre las 10 de la mañana, el hombre de 56 años, ha llegado envuelto de una multitud de periodistas y sin dar declaraciones. Minutos después, ha entrado por la puerta principal para comparecer ante el juez, que le ha puesto en libertado bajo una fianza de 100.000 dólares y la prohibición de hablar con los otros acusados del caso.

El trabajador de Mar-a-Lago ha dicho que no tenía abogado, por lo que se ha aplazado la lectura formal de cargos al 10 de agosto.

Los fiscales acusaron por primera vez a Trump y a su asistente Walt Nauta en junio, alegando que el exmandatario almacenó de manera descuidada cientos de documentos clasificados en su residencia Mar-a-Lago y que ordenó al personal ocultarlos de los investigadores.

El expresidente dice que entregó todos los videos

Trump, el principal candidato a la nominación presidencial republicana de 2024, se ha declarado no culpable de 37 cargos criminales. Durante una aparición radiofónica el viernes, afirmó que entregó todas las cintas de las cámaras de seguridad que el gobierno había solicitado.

Nauta también se ha declarado no culpable de todos los cargos por los que tiene que hacer frente ahora a la justicia de Estados Unidos.

La segunda acusación, que incluye nuevos cargos contra Trump y Nauta, es una señal de que el caso se está ampliando y surge mientras se avecinan imputaciones en una investigación separada sobre los esfuerzos de Trump para anular su derrota en las elecciones de 2020.

Trump aún no ha presentado una declaración de culpabilidad en relación con los últimos cargos.

Los investigadores allanaron el complejo de Trump en agosto de 2022 y encontraron más de 300 documentos secretos en un tesoro de aproximadamente 11,000 papeles gubernamentales.

¿Qué se sabe?

Según la acusación del jueves, De Oliveira, de 56 años, dijo en junio de 2022 a otro trabajador del complejo donde vive Trump que «el jefe», el apodo utilizado para referirse al expresidente, quería que se eliminaran los videos de seguridad de la propiedad en Florida después de que el Departamento de Justicia los citara, según la acusación del jueves.

De Oliveira y Nauta también trasladaron cajas de documentos clasificados en Mar-a-Lago para ocultarlos a los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y a los abogados de Trump, según la acusación.

Los fiscales dijeron que De Oliveira mintió al FBI durante una entrevista voluntaria, afirmando falsamente que no tuvo participación en el traslado de las cajas.

«Jamás vi nada», les dijo De Oliveira a los agentes, según la acusación.

¿Dónde encontraron los documentos?

Los fiscales alegan que Trump se llevó los documentos ilegalmente cuando dejó el cargo en enero de 2021 y los almacenó en lugares no seguros, incluyendo un salón de baile, un baño y una ducha. También mostró los documentos, que incluían información altamente confidencial sobre el programa nuclear de EEUU y vulnerabilidades militares, a personas no autorizadas para verlos, según la acusación inicial.

Los abogados de Trump se reunieron la semana pasada con el fiscal especial Jack Smith sobre la investigación de interferencia electoral. No es inusual que los abogados de defensa se reúnan con fiscales federales antes de una acusación.

En abril, Trump se convirtió en el primer presidente de EEUU, en funciones o ex presidente, en enfrentar cargos penales cuando un gran jurado convocado por el fiscal de distrito demócrata de Manhattan lo acusó de falsificar registros comerciales para ocultar pagos de dinero de silencio a una estrella de contenidos para adultos.

Trump se ha declarado no culpable, afirmando que los casos en su contra son parte de una «caza de brujas» políticamente motivada.

Crédito: Voz de América