Cinco países latinoamericanos firman un comunicado conjunto contra el régimen de Nicolás Maduro

En línea con otros organismos internacionales a favor de los derechos humanos, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay se pronunciaron ayer de forma conjunta manifestando su profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel la semana pasada y la reciente suspensión de la oficina de la ONU en Venezuela.

Dado que las denuncias en materia de derechos civiles se han agravado en el país sudamericano en el último tiempo, el gobierno de Nicolás Maduro, como represalia, ha decidido en el día de ayer «suspender las actividades» de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país, abierta en 2019, ordenando la salida de su personal en 72 horas, según lo anunció el canciller Yvan Gil en la red social X.

«Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país», afirmó el funcionario diplomático.

Tras estos hechos recientes, la declaración conjunta de Cancillería llama a las autoridades venezolanas a liberar a Rocío San Miguel de inmediato y deponer los cargos realizados en su contra. Asimismo, asevera que los estados firmantes “rechazan las recientes medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y reclaman por el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo”.

El “Estado de Derecho” en Venezuela actualmente es nulo. El régimen dictatorial de Nicolás Maduro arremete violentamente, mediante la práctica de desapariciones forzadas, a los opositores venezolanos, tal como sucedió con dirigentes del partido Vente Venezuela que lidera la candidata presidencial opositora María Corina Machado, quien ha sido inhabilitada arbitrariamente por la Justicia venezolana para participar en las elecciones por los próximos 15 años.

Rocío del Carmen San Miguel Sosa, de 57 años, es una ciudadana con doble nacionalidad venezolano-española. Es abogada de profesión, con especialización en Derecho y Política Internacional, además de contar con un máster del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Iaeden).

En su rol como presidenta de la asociación civil Control Ciudadano, San Miguel se especializa en temas de seguridad y defensa nacional. Esta organización, establecida en 2005, tiene como objetivo proporcionar información detallada sobre la estructura, presupuesto y otras facetas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, centrándose en el aspecto militar.

San Miguel ha sido reconocida como una voz guía para entender el funcionamiento interno de las fuerzas armadas en Venezuela. Sus análisis abarcan desde la identificación de figuras civiles y militares influyentes hasta informes sobre accidentes de aeronaves militares y adquisiciones de equipos y armamentos.

Además de su trabajo en seguridad y defensa, San Miguel también ha estado activa en el ámbito de los derechos humanos, brindando información y apoyo legal a personas detenidas, especialmente en el ámbito militar, y denunciando presuntos casos de tortura y maltrato.

El viernes pasado la abogada fue detenida bajo cargos de “conspiración, terrorismo y asociación ilícita”, por estar “presuntamente vinculada” con un plan para asesinar a Nicolás Maduro y otros funcionarios chavistas, acusaciones que ella y su defensa rechazan. 

Asimismo esta semana las fuerzas de seguridad venezolanas allanaron su residencia en Caracas y el pasado miércoles los tribunales de Venezuela decretaron la privación de su libertad. 

San Miguel fue recluida en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, en Caracas, la prisión más cruel del régimen. Según presos políticos que lograron salir de ahí, existe un sistema de torturas dispuesto por las fuerzas del Estado en el penal. 

La ex pareja de San Miguel, Alejandro José González Canales, también enfrenta privación de libertad en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). 

Los ex mandatarios que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) condenaron este martes las “desapariciones forzadas” de opositores venezolanos, informó EFE. 

“Enterados de que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro arremete con saña mediante la práctica de desapariciones forzadas, (…) condenamos tales hechos y alertamos a la opinión pública y la comunidad internacional”, señala la declaración de IDEA, firmada por 27 ex jefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina.

En diciembre pasado, más de 60 organizaciones no gubernamentales instaron a las Naciones Unidas a vigilar la «situación de las libertades democráticas y los derechos humanos» en Venezuela y a «emitir una declaración oportuna» sobre este tema antes de los próximos procesos electorales, incluidas las elecciones presidenciales, durante las cuales anticipan un aumento en la «represión y persecución».

Asimismo, recientemente, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, junto con numerosas organizaciones locales no gubernamentales, expresaron su inquietud por la detención de San Miguel y han solicitado al gobierno venezolano que respete sus derechos.

Contrariamente, países de la región como Brasil, Colombia, Chile y Bolivia, claramente alineados con la ideología socialista, no se han pronunciado en contra del régimen de Nicolás Maduro.