Chile: Escándalo por pensiones de gracia otorgadas a estafadores, abusadores y asesinos

La Contraloría General de la República de Chile presentó ayer ante la Cámara de Diputados, un informe revelador sobre la concesión de pensiones de gracia por parte del gobierno de Gabriel Boric a individuos afectados durante el estallido social en 2019, conocido como 18-O. Según el informe, de las 419 personas beneficiarias, 58 tienen antecedentes penales por delitos que van desde estafa, abuso sexual y pornografía infantil, hasta homicidio. Este hallazgo ha generado presiones adicionales sobre el Ejecutivo del presidente socialista para que revoque estos beneficios.

El informe también destaca irregularidades en los antecedentes médicos presentados por los postulantes. De acuerdo con la Contraloría, 19 expedientes carecían de información médica adecuada o presentaban certificados poco legibles y contradictorios. Algunos de los casos revisados mostraron documentos médicos datados antes del estallido social, lo que plantea dudas sobre la autenticidad de los reclamos de lesiones permanentes.

“Se constató que 19 expedientes, remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) al DAS (Departamento de Acción Social) para su evaluación, no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019″, indica la Contraloría.

La Cámara de Diputados en la tarde de ayer votó un informe emitido por la Comisión Especial Investigadora, confirmando irregularidades en la entrega de estas pensiones de gracia con un contundente respaldo de 50 votos a favor, 26 en contra y ocho abstenciones.

Tras revelarse las escandalosas irregularidades, desde el gobierno evadieron su responsabilidad adjudicando toda la culpa a la gestión anterior de Sebastián Piñera. 

El primer funcionario que reaccionó fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se refirió a la gravedad de los acontecimientos: “Nunca debieron haberse entregado pensiones de gracia a personas con antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes. Por lo tanto, es un hecho grave. Pero si ocurrió fue porque se cumplieron rigurosamente los requisitos del procedimiento establecidos para entregar estas pensiones”.

“Fue un error, pero no dicté ese procedimiento”, agregó Monsalve, que recordó que esas reglas han sido modificadas y que hoy sí se pide la hoja de vida de los postulantes a pensiones de gracia.

En contraposición, quien era subsecretario del Interior en la anterior gestión, Juan Francisco Galli, refutó a las actuales autoridades y aseguró que “el procedimiento establecido para el otorgamiento de pensiones de gracia establecía que necesariamente debían entregarse todos los antecedentes médicos para su otorgamiento”.

El presidente Boric ha decidido utilizar una facultad administrativa para revocar las pensiones de gracia a aquellos beneficiarios con antecedentes penales. Esta medida será retroactiva y no esperará la aprobación de una reforma legal en curso en la Cámara de Diputados. La información fue confirmada por Monsalve, quien aseguró que el presidente tiene plena autoridad para tomar esta acción administrativa.

En el ámbito legislativo, se está discutiendo un proyecto para modificar la ley que regula la entrega de pensiones de gracia. Este proyecto, impulsado por la derecha, busca impedir la concesión de beneficios a personas con antecedentes penales y mejorar la transparencia en el proceso de selección de beneficiarios.