Brasil solicita la extradición de seguidores de Bolsonaro refugiados en Argentina

El gobierno de Brasil ha presentado formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina un pedido de extradición de decenas de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro. Según el documento, muchos de ellos residen en Argentina como refugiados o de manera irregular, y son buscados por la justicia brasileña tras su presunta participación en el asalto a las sedes del Gobierno y el Congreso en Brasilia el 8 de enero de 2023, durante la toma de posesión de Lula da Silva.

La solicitud fue emitida por el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, y llegó a la Cancillería argentina, que actualmente está analizando los pasos a seguir, según los medios locales.

La solicitud de extradición

El pedido de extradición fue inicialmente realizado por la Policía Federal de Brasil ante el Supremo Tribunal Federal, y luego remitido por el juez De Moraes al Ministerio de Justicia de Brasil. Posteriormente, se trasladó a la Cancillería argentina mediante los canales diplomáticos correspondientes.

La extradición es un procedimiento legal mediante el cual un país solicita la entrega de una o varias personas que se encuentran en otro territorio, con el fin de someterlas a un proceso penal o hacer cumplir una condena ya dictada. En este caso, Argentina deberá decidir si accede a la solicitud de su vecino sudamericano.

La prensa brasileña ha informado que el pedido incluye a 63 personas radicadas en Argentina, quienes habrían huido del país. Algunos de ellos ya han sido condenados a penas de hasta 17 años de prisión.

En junio pasado, las autoridades argentinas confirmaron la presencia de más de sesenta prófugos brasileños en su territorio. Varios de ellos han iniciado procesos para solicitar asilo político, aunque la resolución de estos casos aún está pendiente.

El tema adquirió mayor visibilidad cuando el pasado 30 de mayo, Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, participó en un acto organizado por La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso de la Nación, donde pidió asilo político para estas personas que según él son perseguidos por el régimen de Lula da Silva y De Moraes.

Durante el evento, Bolsonaro también se preguntó a quién se puede recurrir cuando la justicia de un país está profundamente corrompida y actúa en complicidad con el gobierno izquierdista en el poder. Señaló que, en tales circunstancias, la única opción viable es exponer la situación de Brasil en foros internacionales, con la esperanza de que el caso sirva como advertencia para otras naciones.

Luego, en palabras para Mundo Libre Diario, Bolsonaro expresó que contempla la esperanza de que si Donald Trump gana la presidencia este año pueda ejercer la suficiente presión como para revertir la censura y la persecución política que rige actualmente en Brasil.

El evento, titulado «Censura, libertad de expresión y derechos humanos en Brasil«, fue coordinado por la diputada de LLA, María Celeste Ponce, y tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso argentino. Ante alrededor de un centenar de asistentes, la diputada libertaria Ponce hizo un llamado a la unidad de las derechas de la región frente a lo que considera un avance de las izquierdas. “La nueva derecha de Brasil y Argentina está aquí reunida para repudiar enérgicamente la persecución política que sufren los ciudadanos brasileños, pero también para recordarle a la izquierda que estamos dispuestos a defender los valores occidentales y ser el faro de Occidente en el mundo”, afirmó Ponce.

Hechos del 8 de enero

Si bien todos los medios de comunicación reportaron incidentes causados el 8 de enero por manifestantes pro Bolsonaro, Ezequiel Silveira, uno de los abogados de ASFAV, una asociación de víctimas y familiares del 8 de enero de 2023, relató otra versión de los hechos. El abogado dijo que los daños y la invasión a los 3 poderes fue perpetrada por infiltrados, es decir vándalos contratados para hacer esa tarea sucia.

Asimismo, comentó que el día 9 de enero de 2023, varias familias estaban haciendo otra protesta pacífica frente a un cuartel militar pidiendo recuento de los votos y la policía llevó secuestrados a aproximadamente 2000 personas, quienes fueron tratados de forma inhumana, incluso uno de ellos perdió la vida en reclusión. Los cargos que enfrentan, sin un proceso justo, son por «intento de golpe de estado», a pesar de que la mayoría no había estado en las manifestaciones del día anterior y muchos eran ancianos, de acuerdo a lo comentado por el abogado.

Actualmente, varios presos políticos siguen encerrados en cárceles o bajo arresto domiciliario, enfrentando penas de hasta 17 años de prisión, mientras que otros pidieron asilo político en Argentina y Paraguay, sin la posibilidad de regresar a su país natal.