Brasil avanza en la reforma tributaria que impone el IVA más alto del mundo

El miércoles, el Ministerio de Economía de Brasil envió al Parlamento su proyecto de reglamento para el nuevo sistema tributario del país, que fue aprobado a finales del año pasado. 

A pesar de que el principal objetivo de la reforma era la simplificación del sistema impositivo brasileño -que es uno de los más complejos de América Latina-, la nueva propuesta del gobierno de Lula da Silva es igualmente compleja y está siendo cuestionada por perjudicar a los que menos tienen.

La nueva reforma fiscal implica que los cinco impuestos vigentes al consumo van a ser unificados en un IVA (Impuesto al Valor Agregado) cercano al 27%.

Pero el nuevo tributo cuenta con incontables excepciones que hacen que se vuelva sumamente complicado y se prestará a largos debates en el Parlamento.

No obstante, según el presidente del Senado Rodrigo Pacheco, y el de la Cámara, Arthur Lira,  aseguran que se votará antes de julio.

Se espera que el nuevo sistema tributario se comience a aplicar gradualmente en 2026 y tenerlo plenamente operativo en 2033.

La nueva regulación ha despertado hasta ahora mucha controversia. Brasil por primera vez en su historia estaría introduciendo el IVA, pero con una alícuota que rondará el 27%, una de las más altas del mundo, junto con Hungría. 

El nuevo sistema propone la creación de un IVA dual, dividido en dos componentes según el ente que lo recaude. Cinco impuestos serán eliminados para dar lugar a la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS), destinada al Gobierno federal, y al Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS), destinado a administraciones regionales y municipales.

Los impuestos al consumo son generalmente regresivos y suelen impactar negativamente en las clases sociales menos pudientes.

Es por eso que hasta el momento, los productos que componían la canasta básica estaban totalmente exentos de impuestos, precisamente para no perjudicar a los más vulnerables. 

Según informó Infobae, con la reforma, el número de productos incluidos en la canasta se reduciría solo a 15, dejando afuera totalmente las proteínas animales, como la carne y el pescado. Estos quedarían con una reducción del 60% de la alícuota plena del IVA, destinada a los productos alimenticios por fuera de la canasta.

Visto desde la seguridad alimentaria, en un país con un 60% de gente pobre, no facilitar el acceso a alimentos fuente de proteínas de alto valor biológico puede considerarse como algo que podría potencialmente perjudicar el crecimiento y desarrollo de futuras generaciones. 

Según declaraciones de João Galass al diario Folha de São Paulo, presidente de la Asociación Brasileña de Supermercados (ABRAS), esta decisión es inconstitucional: “la canasta [de alimentos] debe cumplir con los preceptos de la Constitución para combatir la inseguridad alimentaria, ser saludable, nutritiva y con productos regionales”. Por otro lado, Galass también enfatizó que la medida no respeta un decreto firmado por  Lula en marzo, que establecía que la canasta se debía conformar por diez grupos de alimentos esenciales, entre ellos, las carnes y huevos.

Por otro lado, en lo que respecta al IVA correspondiente a los servicios como el gas, la electricidad y el agua, la normativa también ha sido cuestionada, ya que, si bien se propone una reducción de hasta un 50% de lo que pagan los más pobres por esos servicios, el descuento se realizaría mediante un sistema de reintegros en efectivo. Es decir, las personas deberán pagar el total y luego se les devuelve, y es aquí donde algunos argumentan que mucha gente no está en condiciones de pagar por el total de lo que valen los servicios. 

A su vez, la propuesta favorece a ciertas profesiones que normalmente están bien remuneradas en Brasil, como abogados, ingenieros, veterinarios y arquitectos, quienes tendrían un exención del 30% de la alícuota plena del IVA. 

Asimismo, la reforma tributaria también incluye la reducción de la alícuota plena del IVA sobre los bienes inmuebles, dependiendo del valor de los mismos. Se estima una reducción cercana al 20% apuntando a aquellas viviendas comprendidas en el proyecto social del gobierno de Lula “Mi casa, Mi vida”. 

Por otra parte, se propone la creación de un Comité del Impuesto sobre Bienes y Servicios compuesto por representantes de todos los distritos, que será el encargado de la recaudación y distribución del IVA y tendrá la potestad de modificar las normas y decidir sobre los contenciosos administrativos.