Bolsonaro y cientos de manifestantes podrían recibir amnistía tras decisión del Congreso
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles, por 311 votos a favor y 163 en contra, una moción de urgencia que habilita el tratamiento inmediato del proyecto de ley de amnistía relacionado con los hechos del 8 de enero de 2023. La medida abre la puerta a beneficiar a unas 700 personas ya condenadas, así como al propio expresidente Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria.
Con la aprobación de la urgencia, el proyecto será discutido directamente en el plenario, sin pasar por comisiones, lo que agiliza el debate de una iniciativa impulsada por legisladores aliados al expresidente.
El alcance del proyecto
En su versión original, la propuesta estaba limitada a quienes participaron materialmente en las manifestaciones que derivaron en la invasión a los edificios de los tres poderes en Brasilia. Sin embargo, dirigentes del Congreso, incluido el presidente de la Cámara, Hugo Motta, admitieron que el texto puede ser modificado para contemplar a otros acusados, entre ellos exfuncionarios y militares procesados.
“Pusimos en votación la urgencia de un proyecto de ley del diputado Marcelo Crivella para iniciar la discusión del asunto. Si se aprueba, nombraremos de inmediato al ponente para que podamos elaborar un texto sustituto que tenga apoyo de la mayoría”, señaló Motta, quien además llamó a buscar consensos y evitar más polarización.
Lula adelantó un posible veto
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anticipó que vetará la iniciativa en caso de que llegue a su despacho: “Si me la envían para vetar, puede estar seguro de que la vetaré”. Según el mandatario, las acciones por las que Bolsonaro fue condenado no tendrían carácter político, por lo que no justificarían una amnistía.
El trámite, sin embargo, aún tiene varios pasos: tras el debate en la Cámara, deberá pasar al Senado, donde el oficialismo tiene una posición más favorable, aunque sin mayoría absoluta.
Debate político y visiones encontradas
El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, defendió la amnistía como un paso necesario para “pasar la página de nuestra historia y aprobar la pacificación nacional”, cuestionando además el rol del juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien lideró los procesos judiciales.
Desde la izquierda, parlamentarios oficialistas calificaron la propuesta como un retroceso democrático, mientras que partidos de derecha y centroderecha argumentaron que se trata de una reparación necesaria frente a condenas desproporcionadas.
La versión de las defensas
Abogados y periodistas que siguen los casos sostienen que las protestas fueron en gran parte pacíficas y que la violencia fue causada por infiltrados. El abogado Ezequiel Silveira, de la Asociación de Víctimas y Familiares del 8 de enero, afirmó a Mundo Libre Diario que cientos de manifestantes fueron detenidos arbitrariamente al día siguiente, incluyendo ancianos y personas que no estuvieron presentes en la plaza, y que muchos enfrentan penas severas sin un proceso justo.
La periodista brasileña María Laura Assis también cuestionó la narrativa oficial, destacando que Bolsonaro se encontraba en Florida el día de los hechos: “¿Cómo se puede hablar de golpe de Estado sin armas, sin apoyo militar y sin que el propio líder estuviera en el país?”. Assis agregó que grabaciones de cámaras de seguridad, divulgadas por CNN antes de ser bloqueadas por el gobierno, mostraban a funcionarios vinculados al Ejecutivo guiando a los manifestantes hacia zonas específicas para causar destrozos.
Bolsonaro y el futuro judicial
Bolsonaro, diagnosticado recientemente con cáncer de piel, ha reiterado que no teme ser juzgado “siempre que los jueces sean imparciales”. El resultado final de la discusión en el Congreso podría redefinir su situación judicial y la de cientos de simpatizantes y exfuncionarios involucrados en los procesos posteriores al 8 de enero.
