Bolsonaro apela orden de prisión domiciliaria impuesta por el Supremo Tribunal Federal
Los abogados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro presentaron este miércoles un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para revertir la orden de arresto domiciliario que fue dictada en su contra a comienzos de esta semana. La medida fue emitida por el juez Alexandre de Moraes, quien acusó a Bolsonaro de haber incumplido restricciones judiciales previamente impuestas.
De acuerdo con la documentación enviada a la Corte y vista por la agencia Reuters, la defensa de Bolsonaro niega que se haya producido una violación de las órdenes judiciales. Además, solicitó que la decisión del magistrado sea revisada por un panel más amplio de jueces del STF.
La prisión domiciliaria fue decretada el lunes por el juez Alexandre de Moraes, quien argumentó que Bolsonaro habría incumplido las medidas cautelares impuestas previamente por el Supremo Tribunal Federal. Según la decisión judicial, el exmandatario habría participado en actividades públicas no autorizadas y buscado apoyo externo —incluyendo, presuntamente, del presidente estadounidense Donald Trump— en relación con las investigaciones abiertas en su contra. Estas acciones, según Moraes, constituyen una violación de las restricciones judiciales vigentes.
La defensa del exmandatario, sin embargo, argumenta que Bolsonaro no ha cometido ninguna infracción. El equipo legal insiste en que el expresidente ha respetado las medidas establecidas y que no existen fundamentos jurídicos sólidos para justificar su arresto domiciliario.
La situación ha generado diversas reacciones tanto en Brasil como a nivel internacional. Algunos sectores políticos han cuestionado la decisión del STF, mientras que otros han expresado su respaldo al accionar del Poder Judicial.
En el plano internacional, familiares y aliados políticos de Bolsonaro han iniciado gestiones para denunciar la medida ante organismos regionales y actores diplomáticos. Su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro -refugiado en EE. UU.- ha instado a países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a considerar la aplicación de la Cláusula Democrática Interamericana, argumentando que la prisión domiciliaria sin condena previa representa una posible ruptura del orden democrático.
Por su parte, Estados Unidos ha condenado la orden de Moraes de imponer arresto domiciliario a Bolsonaro y advirtió que exigirá responsabilidades a todos aquellos que ayuden e instiguen conductas sancionadas.
En declaraciones públicas recientes, autoridades estadounidenses han manifestado interés en conocer el desarrollo del caso. El senador Marco Rubio y otras figuras del entorno de Donald Trump han emitido comentarios críticos respecto al papel del Supremo Tribunal Federal en el contexto político brasileño.
A nivel interno, el caso ha reactivado el debate sobre la relación entre el Poder Judicial y la política, en un momento en que el expresidente Jair Bolsonaro enfrenta varias investigaciones en curso por hechos ocurridos durante y después de su mandato (2019–2022).
Un funcionario del Departamento de Estado escribió en X: «El juez Moraes es el artífice clave del complejo de censura y persecución contra Bolsonaro y sus partidarios. Las flagrantes violaciones de derechos humanos de Moraes le valieron una sanción Global Magnitsky del presidente Trump. Se recomienda encarecidamente a los aliados de Moraes en la corte y en otros ámbitos que no apoyen ni instiguen la conducta sancionada de Moraes. Estamos monitoreando la situación de cerca».
