Avanza la desregulación de Milei: derogan 69 normas que «promovían un rol intervencionista del Estado»

El gobierno de Javier Milei continúa desregulando la economía argentina: el lunes anunció la derogación de 69 normas que «obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado».

A través de un comunicado, se informó que la secretaría de Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, trabajó en el relevamiento de las normas «con el objetivo de desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios».

Entre las derogaciones más destacadas se encuentran el SiFIRE, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos.

También quedó fuera de funcionamiento el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior.

«Ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior», destacó el gobierno.

En la lista de normas derogadas se incluyen las complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas, que establecían su supervisión y cumplimiento.

Se derogaron además regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos (el cual había finalizado el 8 de diciembre del año pasado).

«Estas herramientas sólo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país», explicó el nuevo gobierno argentino.

Asimismo, se derogó el programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, ya que las nuevas autoridades nacionales entienden que ese tipo de políticas debe ser impulsada por los gobiernos provinciales, «atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real».

En cuanto a las políticas de simplificación impulsadas desde la Secretaría de Comercio, se derogaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada, la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidades vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores que -según argumentó la cartera dirigida por Lavigne- «violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional de acuerdo en lo que establece el artículo 42, de usuarios y consumidores».

“El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria”, declaró el secretario de Comercio.

El gobierno informó que estas derogaciones son el resultado de una primera etapa de relevamiento, a la que seguirán otras medidas en la misma línea. El gobierno de Javier Milei se ha comprometido a desregular la economía argentina reduciendo significativamente la intervención estatal, tomando como punto de partida el mega-DNU -con 366 artículos- que firmó el presidente a pocos días de asumir en donde se derogaron y modificaron cientos de leyes.