Asociación de Juntas Escolares pide disculpas tras hacerse públicas las pruebas de connivencia con la Casa Blanca para tratar a los padres de ‘terrorismo doméstico’

La Asociación Nacional de Juntas Escolares (NSBA) se vio obligada a cambiar de marcha y pedir disculpas a sus miembros después de que las repercusiones de una carta enviada el 29 de septiembre al presidente Joe Biden, en la que se calificaban las protestas de los padres como «terrorismo doméstico», fueran demasiado intensas cuando los registros de la FOIA revelaron que la Asociación había confabulado con la Casa Blanca antes de la autoría de la carta.

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El 21 de octubre, el grupo de defensa Parents Defending Education (PDE) publicó registros de correo electrónico, obtenidos a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, de la correspondencia entre los ejecutivos de la NSBA donde se realizó la admisión.

En los documentos, un correo electrónico del 29 de septiembre de Chip Slaven, Director de Defensa, la carta se envía a la Junta de la NSBA, en la que Slaven afirma “establece los problemas actuales que enfrentan los miembros de la junta escolar local y solicita [sic] cooperación federal con las fuerzas del orden público estatales y locales, así como las escuelas públicas, para abordar estos graves problemas».

Slaven destacó la cooperación entre la administración de Biden y la Asociación poco después, «además, en conversaciones durante las últimas semanas con el personal de la Casa Blanca, solicitaron información adicional sobre algunas de las amenazas específicas, por lo que la carta también detalla muchos de los incidentes que han estado ocurriendo».

Uno de esos casos de «amenazas específicas» citados en la carta fue el de Scott Smith, un padre que recibió un puñetazo y fue detenido por las fuerzas del orden en una reunión del Consejo Escolar del Condado de Loudoun, en Virgina, el 22 de junio, después de haber interpelado al Consejo sobre un caso en el que su hija de 15 años fue supuestamente sodomizada en el baño de un instituto por un chico que llevaba falda y decía identificarse como mujer el 28 de mayo.

El niño no fue acusado penalmente hasta el 8 de julio y fue trasladado a otra escuela donde le colocaron un monitor de tobillo.

Al parecer, volvió a delinquir el 6 de octubre y fue acusado de un segundo conjunto de delitos graves.

Mientras hablaba, Smith fue abucheado por una mujer «que llevaba una camiseta con un corazón de arco iris, una activista comunitaria de izquierdas», según The Daily Wire, que alentó su agitación.

Después del arresto de Smith, las fuerzas del orden declararon que la reunión era una asamblea ilegal, despejaron la sala de todos los asistentes y la Junta del Condado de Loudoun reanudó su reunión a puerta cerrada. 

La cadena de correo electrónico descubierta por PDE también reveló que la carta fue enviada a Biden sin la consulta de la Junta de la NSBA y que la Junta no fue unánime en su posición.

El 1 de octubre, John Halkias, Director de la Región Central de la NSBA, respondió al correo electrónico de Slaven con copia a la Junta Directiva: «Estoy de acuerdo con muchos de mis colegas en que la Junta Directiva debería haber sido consultada antes de enviar una carta como esta públicamente, y nada menos que al Presidente de los Estados Unidos y a la prensa nacional».

“También estoy de acuerdo en que la carta adoptó una postura que fue más allá de lo que muchos de nosotros consideraríamos razonable y usó términos extremos, y solicitó una acción del gobierno federal que muchos de nosotros no solicitaríamos”.

Halkias agregó: «Muchos de nosotros hemos sido puestos ahora en una posición de explicar o defender esta acción de nuestra asociación, ya que los miembros de nuestra comunidad nos preguntan si los consideramos terroristas domésticos por asistir a nuestras reuniones y expresar sus opiniones». 

«Como miembro de esta Junta, puedo defender la intención, pero no el enfoque o gran parte del tono o contenido». 

El director admitió: «Y me disgusta tener que decir eso». 

«He aprendido en mi propio estado de Ohio, que está lleno de opiniones diversas, que no me sirve de nada ignorar las opiniones de mis vecinos y no tratar de encontrar puntos en común en lugar de sembrar la división».

Tras la reacción generalizada de los padres, muchas asociaciones de juntas escolares a nivel estatal se retiraron de la NSBA, como la Asociación de Juntas Escolares de Pensilvania, que calificó la caracterización del terrorismo doméstico como «la gota que colmó el vaso» en una declaración formal anunciando su salida.

El 22 de octubre, el corresponsal de Washington Free Beacon, Noah Polak, publicó una copia de un Memorando para los miembros emitido con membrete de la NSBA donde la Asociación se vio obligada a reducir su retórica diciendo «lamentamos y nos disculpamos por la carta».

«Deberíamos haber tenido un mejor proceso para permitir la consulta sobre una comunicación de esta importancia», dijo la Junta, y agregó que iniciaría una «revisión formal» interna de los procesos y procedimientos de la Asociación.

Sin embargo, el daño de la carta de la NSBA ya está hecho. El 4 de octubre, el fiscal general Merrick Garland ordenó al FBI y a los fiscales de los Estados Unidos de los 14.000 distritos escolares federales que iniciaran «reuniones» con «los líderes de cada distrito judicial federal».

“Estas reuniones facilitarán la discusión de estrategias para abordar las amenazas contra los administradores escolares, los miembros de la junta, los maestros y el personal, y abrirán líneas de comunicación dedicadas para informar, evaluar y responder a las amenazas”, dijo Garland en su directiva.

Garland también dijo que el Departamento de Justicia «crearía capacitación y orientación especializadas para las juntas escolares locales y los administradores escolares». 

«Esta formación ayudará a los miembros del consejo escolar y a otras víctimas potenciales a comprender el tipo de comportamiento que constituye una amenaza, cómo denunciar una conducta amenazante a los organismos policiales correspondientes y cómo capturar y conservar las pruebas de la conducta amenazante para contribuir a la investigación y el enjuiciamiento de estos delitos», explicó el fiscal general.