Así reaccionó la izquierda en el mundo ante la condena de Cristina Kirchner
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó el 10 de junio la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra la expresidente Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la causa Vialidad, relacionada con irregularidades en obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El fallo desató reacciones inmediatas de líderes y organizaciones de izquierda en América Latina y Europa, con pronunciamientos destacados del dictador cubano Miguel Díaz-Canel y la Cancillería de Venezuela.
Sin embargo, presidentes como Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Gabriel Boric de Chile y Gustavo Petro de Colombia optaron por el silencio, reflejando una cautela entre mandatarios en ejercicio.
Díaz-Canel fue uno de los primeros en pronunciarse. Desde La Habana, publicó en X: “Reafirmamos nuestro invariable apoyo a @CFKArgentina ante episodio de judicialización política. Una vez más se utiliza la justicia con motivaciones políticas como instrumento de la derecha contra referentes progresistas de la región. Fuerza, estimada Cristina”.
Su mensaje, respaldado por el canciller cubano Bruno Rodríguez, reforzó la postura oficial de Cuba, que calificó la condena como un “claro acto de venganza y amenaza”.
La Cancillería de Venezuela, encabezada por el ministro Yván Gil, también expresó su respaldo a través de un comunicado en donde sostuvo que la exmandataria es “víctima de una persecución brutal impulsada desde un poder judicial subordinado al proyecto autoritario de (el actual presidente) Javier Milei”.
Hasta el momento de escribir esta nota el gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no se había pronunciado oficialmente. El que sí emitió un comunicado fue el Instituto Lula, vinculado al líder del Partido de los Trabajadores (PT): “El Instituto Lula manifiesta su profunda preocupación y repudio en la relación con la prisión de Cristina Kirchner, en un contexto que evidencia serias violaciones de los derechos fundamentales y del proceso legal”.
El expresidente boliviano Evo Morales, inhabilitado para competir en elecciones en su país, fue otro de los primeros en reaccionar. Desde Bolivia, publicó en X: “Con profunda indignación expreso mi solidaridad con la hermana @CFKArgentina, su familia y al pueblo revolucionario de #Argentina. La condena injusta de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua no es otra cosa que persecución política para proscribir a una lideresa del pueblo”. Morales comparó el fallo con una “reedición del Plan Cóndor”, denunciando a “jueces serviles a las oligarquías”.
Desde Europa, el partido político español Podemos, parte de la coalición de gobierno de Pedro Sánchez, se sumó al respaldo. La secretaria general Ione Belarra declaró desde Madrid en X: “Guerra sucia judicial contra las y los dirigentes populares que nunca se vendieron al poder y estuvieron al lado de su pueblo”. Belarra denunció un supuesto “golpismo” y llamó a construir “alianzas internacionales” contra lo que calificó como una “ofensiva reaccionaria”.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, desde Bélgica, donde se encuentra asilado por no poder volver a su país porque enfrenta una orden judicial, también expresó su apoyo en X: “¡Fuerza, Cristina! ¡Fuerza, Argentina! ¡Basta de lawfare! Derrótennos -si es que pueden- en las urnas”.
El Grupo de Puebla, que reúne a líderes progresistas como Lula y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, emitió un comunicado condenando la sentencia como un intento de proscripción política.
La ausencia de pronunciamientos oficiales de parte de mandatarios de izqueirda como Lula, Boric, Petro y la presidente mexicana Claudia Sheinbaum contrasta con la rápida reacción de Cuba y Venezuela.
La Corte Suprema de Argentina confirmó el martes un veredicto de culpabilidad que condenó a Fernández de Kirchner a seis años de prisión por defraudar al Estado y la inhabilitó para ejercer cargos públicos.
Kirchner, de 72 años, una figura polarizadora e izquierdista que se desempeñó como presidente entre 2007 y 2015, fue condenada por un tribunal de primera instancia en 2022 por un plan de fraude que desvió proyectos de obras viales públicas en la Patagonia a un aliado cercano mientras ella era presidente.
Los tres jueces de la Corte Suprema dejaron en vigor una decisión de apelación que previamente había confirmado el veredicto de culpabilidad.
Entretanto, un tribunal inferior decidirá si concede a Kirchner arresto domiciliario debido a su edad.
En el plazo de 10 días hábiles, la expresidente deberá devolver al estado aproximadamente 84.000 millones de pesos argentinos (70 millones de dólares estadounidenses), dinero que, según la sentencia, fue desviado en una maniobra de corrupción mediante contratos de obra pública adjudicados de manera irregular.
El veredicto es un golpe para Kirchner aunque podría galvanizar al fragmentado movimiento de oposición antes de las elecciones de mitad de término de este año, en las que buscará desafiar al presidente libertario Javier Milei, cuyo movimiento está en ascenso, especialmente entre los jóvenes.
Kirchner había anunciado este mes sus planes de presentarse a las elecciones legislativas previstas para septiembre para competir en la provincia de Buenos Aires.
