Argentina: Testigos clave en caso de extorsión a beneficiarios de planes sociales piden protección por temor a represalias

Diez víctimas, quienes previamente habían dado su testimonio, han solicitado ingresar al programa de protección de testigos por temor a represalias de los piqueteros involucrados en la causa que investiga la extorsión a beneficiarios de planes sociales en Argentina.

El fiscal Gerardo Pollicita, encargado del caso, reveló: «Se comprobó que había personas colocadas en un escalón superior a los referentes de cada comedor, que coordinaba el funcionamiento de varios comedores en esta ciudad e intervenía desde esa posición en la toma de decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas», según consigna Clarín.

La estructura delictiva supuestamente operaba con una división de roles. Según los testimonios, «las máximas referentes del comedor son Gloria y Rossmery. Mucha gente del comedor les tiene miedo a Gloria y Rossmery», declaró uno de los testigos con identidad reservada.

El primer dictamen imputó a 27 dirigentes sociales vinculados a la «Asociación Civil Polo Obrero» y «Caminos de Tiza», acusados de delitos como administración fraudulenta, desvío de fondos públicos y extorsión a beneficiarios.

Las declaraciones testimoniales iniciales, junto con pruebas electrónicas, permitieron a la fiscalía armar la estructura de los posibles delitos cometidos «al amparo de las personas jurídicas inscriptas como Unidades de Gestión del Plan Potenciar Trabajo y recibían subsidios del Estado Nacional».

Los testimonios detallaron el «modus operandi de los autores», lo que derivó en intervenciones telefónicas de los acusados. Estos hechos surgen de un recorte de 45 casos ocurridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de más de 940 llamadas denunciadas a la Línea 134 por amenazas y extorsiones a quienes no asistían a la marcha contra el gobierno de La Libertad Avanza en diciembre pasado.

El juez Casanello, quien concedió la exención de prisión a los 27 acusados, entendió la necesidad de ofrecer protección a los testigos ante el riesgo de hostigamiento o amenazas por parte de los imputados, como había advertido el fiscal Pollicita.

En las últimas semanas, se sumaron nuevos testimonios que refuerzan la tesis inicial de extorsiones a beneficiarios que no cumplían con la asistencia a marchas y movilizaciones. «Existe un riesgo cierto de que los imputados hostiguen o amenacen a testigos», había señalado Pollicita al solicitar la detención de los acusados.

Para neutralizar cualquier peligro, el juzgado recomendó que los cerca de diez testigos que brindaron información valiosa al expediente sean incorporados al programa de protección que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Este programa, que anteriormente estaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia, ha sido transferido al Ministerio de Seguridad por considerarse «más razonable» y contar con «más herramientas para proteger, ubicar y cuidar a los testigos», según fuentes oficiales.

Cuando se decidió el traspaso, el Programa de Protección de Testigos contaba con 35 personas protegidas, a las que se suman ahora los diez testigos de la causa de extorsión a beneficiarios de planes sociales.

Tras evaluar cada caso y los datos proporcionados a la investigación, el juez Casanello solicitó garantizar la protección a los testigos, lo que fue respaldado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien puso en marcha los mecanismos de resguardo.

En una primera etapa, los denunciantes dijeron que no consideraban necesaria la protección, ya que entendían que su identidad estaba reservada. Sin embargo, con el avance de la investigación y más testimonios, el juez determinó que era necesario que todos los testigos ingresaran al programa de protección.

La fiscalía resaltó que los ciudadanos formularon denuncias por estos hechos únicamente cuando el Estado Nacional habilitó una línea telefónica oficial para realizarlas de manera anónima. Inicialmente, muchos se negaron a ratificar sus dichos, prefiriendo permanecer en el anonimato.

La causa enfatiza la protección de los testigos debido a su estado de vulnerabilidad como víctimas de extorsión y coacción. La mayoría de los imputados residen en las mismas zonas que las víctimas, y los comedores son puntos de encuentro donde las organizaciones sociales tienen un importante despliegue territorial.

Todas las organizaciones sociales bajo investigación son sospechadas de haber utilizado los fondos públicos destinados a la asistencia social como «vehículo coactivo» para exigir la participación en movilizaciones, con la advertencia de ser dados de baja del Plan Potenciar Trabajo o no recibir alimentos si no cumplían.

Eduardo Belliboni, el principal referente del Polo Obrero, fue citado a indagatoria para el 25 de junio en esta causa por el juez federal, Sebastián Casanello, por presunta defraudación al Estado y extorsiones a beneficiarios de planes sociales.