Argentina se consolida como el país que más ha avanzado en el control de la pesca ilegal
Argentina ha logrado un hito sin precedentes en la protección de sus recursos marítimos, posicionándose como el país que más ha avanzado en el control de la pesca ilegal en la milla 200, el límite de su Zona Económica Exclusiva (ZEE).
El dato surge de un informe del Observatorio Estratégico de Recursos Marítimos (OERM) de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), citado por el portal MDZ.
De acuerdo al OERM, en los últimos meses, Argentina ha implementado medidas innovadoras en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), logrando combatir la intromisión en su totalidad y posicionándose como un referente global en el uso de tecnología avanzada para la detección y control de actividades ilícitas en sus aguas jurisdiccionales.
De este modo, el país sudamericano se ha consolidado como el que más ha avanzado en la materia en el último año.
Puntualmente, la implementación de tecnologías avanzadas y una estrategia de vigilancia reforzada han permitido al país reducir significativamente las incursiones de buques extranjeros que depredan especies como el calamar y la merluza en esta zona estratégica del Atlántico Sur.
La milla 200 marca el límite de la ZEE argentina, establecida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) en 1982, donde el país ejerce soberanía exclusiva sobre los recursos naturales hasta 370 kilómetros desde la costa.
Más allá de este límite, en la llamada “milla 201”, comienza la alta mar, donde la pesca es libre, pero las flotas extranjeras suelen aprovechar la falta de regulación internacional para capturar recursos que migran desde aguas argentinas.
En 2024, se estimó que la pesca ilegal en esta zona generó pérdidas de entre 600 y 1.000 millones de dólares anuales, equivalentes al 30% al 50% de las exportaciones pesqueras del país.
La Prefectura Naval Argentina (PNA) ha sido el pilar de esta cruzada, utilizando el Sistema Guardacostas, una tecnología que permite monitorear en tiempo real los movimientos de buques, incluso aquellos que apagan sus Sistemas de Identificación Automática (AIS) para evadir detección.
Este sistema ha permitido sancionar electrónicamente a infractores sin necesidad de capturas físicas, evitando enfrentamientos y optimizando recursos.
Desde 1986 hasta 2020, la PNA capturó 80 buques pesqueros extranjeros que operaban ilegalmente dentro de la ZEE, incluyendo 15 de Corea del Sur, 12 de China, 11 de Taiwán y 11 de España.
En 2020, se implementó un nuevo régimen de multas basado en unidades de valor ligadas al costo del combustible, con sanciones que van de 500.000 a 3.000.000 de litros de gasoil, equivalentes a entre 25 millones de pesos y 150 millones de pesos, según los valores de mercado de 2021. Este esquema permitió recaudar 250 millones de pesos en multas ese año, consolidando una política disuasoria efectiva.
El impacto económico de la pesca ilegal es devastador. Según César Lerena, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (Cespel), las flotas extranjeras en la milla 201 capturan unas 250.000 toneladas anuales de calamar, generando pérdidas de hasta 1.000 millones de dólares al año.
“Son recursos que nacen en aguas argentinas y luego migran hacia alta mar o las Islas Malvinas. Es ahí donde esta flota, en algunos casos con licencia británica, pesca y extrae miles de toneladas sin que el país reciba beneficios por ello”, explicó Lerena el 14 de abril en una entrevista con Noticias AgroPecuarias.
La riqueza del Mar Argentino, especialmente en el área conocida como Agujero Azul, atrae a flotas de países como China, Corea del Sur, Taiwán y España. Este ecosistema, ubicado a unos 500 kilómetros al este del Golfo de San Jorge, es un corredor biológico clave donde especies como el calamar Illex argentinus son blanco de una pesca intensiva.
En 2022, Greenpeace Argentina denunció que más de 500 buques operan anualmente en esta zona, aprovechando el vacío legal de las aguas internacionales.
“Allí no existe ningún tipo de regulación que ordene lo que ocurre en esa zona, eso habilita que cientos de buques pesqueros vengan desde el otro lado del mundo a pescar”, señaló Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de Océanos de Greenpeace, en enero de 2023.
El gobierno de Javier Milei ha priorizado la defensa de la soberanía marítima, intensificando los patrullajes con buques y aviones de la Armada y la PNA. Un ejemplo reciente es la acción del 23 de febrero de 2025, cuando la Armada Argentina obligó a buques chinos a posicionarse fuera de la milla 200, evitando su ingreso ilegal. Estas operaciones se complementan con 25 imágenes satelitales diarias proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
A nivel internacional, Argentina ha impulsado medidas para mitigar la pesca ilegal. En 2022, el país apoyó en la Organización Mundial del Comercio (OMC) una limitación a los subsidios para flotas de “pesquerías lejanas”, respaldada por Estados Unidos, China y Europa. Esta medida, efectiva desde el 27 de junio de 2023, restringe los subsidios a buques con antecedentes de pesca ilegal, un paso clave para desincentivar prácticas depredadoras. Además, se negocia un Tratado Global de los Océanos en la ONU, cuya última reunión está prevista para 2025, para establecer áreas marítimas protegidas en aguas internacionales.
El desafío no solo es económico, sino también ambiental. La pesca ilegal en la milla 201 amenaza ecosistemas frágiles, como el Agujero Azul, donde la pesca de arrastre de fondo y el palangre dañan el lecho marino. Según un informe de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) del 12 de septiembre de 2023, Argentina pierde hasta 3.500 millones de dólares anuales, situándose como el tercer país más afectado a nivel global, solo detrás de África (12.000 millones) e Indonesia (4.000 millones).
